Un juez federal programó para el 17 de septiembre una audiencia para la posible venta de CITGO y sus activos en territorio de Estados Unidos.
El Político
El 17 de septiembre el gobierno interino de Venezuela, el gobierno de Estados Unidos y Conoco Phillips presentarán argumentos sobre la deuda que presenta la filial de PDVSA en EEUU.
Según VOA, el juez Leonard Stark autorizó la venta de los activos de CITGO para satisfacer una deuda de 1.400 millones de dólares por parte del estado venezolano.
Sin embargo, el gobierno estadounidense, por medio del Departamento de Justicia y del enviado especial para EE.UU., Elliott Abrams, intervino en julio argumentando que la eventual venta de la refinería, el activo más importante de Venezuela en el exterior, sería dañina para la política exterior estadounidense y la oposición venezolana.
El gobierno interino de Venezuela, quien representa al estado venezolano en este caso y ha estado litigando en contra de la venta de CITGO por más de un año, ha argumentado que para poder autorizar la venta de CITGO se necesita una licencia de la Oficina de Control de Activos (OFAC) del Tesoro estadounidense.
En una carta presentada ante la corte en julio, la directora de la OFAC, Andrea Gacki, respaldó esta postura, argumentando que aunque Crystallex ya solicitó una licencia, debe considerar la situación actual de Venezuela y los argumentos del Departamento de Estado al tomar una decisión.
¿Cómo se llegó a este punto?
La disputa legal entre la quebrada empresa y el país suramericano se remonta al 2008, durante la presidencia del fallecido Hugo Chávez, quien expropió Las Cristinas, una mina de oro al sureste del país, en el estado Bolívar, cuya explotación era manejada por Crystallex.
El caso llegó a la corte de arbitraje del Banco Mundial, el CIADI, quien en el 2016 otorgó un laudo arbitral de 1.200 millones de dólares a Crystallex y que debía ser pagado por Venezuela en compensación por Las Cristinas.
El gobierno en disputa no cumplió con esa deuda y en el 2018 Crystallex llevó el caso a una corte civil en Delaware (en este estado está incorporada PDV Holding Inc, la matriz de CITGO). El fallo determinó que PDVSA funcionaba como un “alter ego del gobierno de Venezuela” y, por extensión, Crystallex podía anexarse los activos de su subsidiaria en EE.UU. —CITGO— para satisfacer la deuda.
PDVSA llevó este fallo ante la corte de apelación de Filadelfia en agosto del 2018. En el 2019, al poco tiempo de ser nombrado como presidente interino, Guaidó nombró una nueva junta directiva de CITGO, que tomó el control de facto de la petrolera y destinó un equipo legal para intervenir en los tribunales.
La Corte de Apelaciones falló en julio del 2019 a favor de Crystallex, permiténdole anexarse los activos de CITGO y el equipo legal de Guaidó apeló hasta última instancia —la Corte Suprema— que rechazó tomar el caso.
Crystallex no es el único acreedor que va detrás de CITGO y está luchando en los tribunales quedarse con parte de la empresa para satisfacer las deudas. ConocoPhillips, una petrolera estadounidense, Owen Illinois, una compañía de envases de vidrio y los tenedores del bono PDVSA 2020 también van detrás de los activos de la refinería.
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