El Consejo Electoral de Ecuador prohibió que el expresidente Rafael Correa participe en la propaganda política de los comicios pautados para el 7 de febrero para elegir al presidente y a los miembros del Congreso , pues está sentenciado a 8 años de prisión e inhabilitado por 25.
El Político
El repudio ciudadano y la reacción de constitucionalistas miraron con asombro que el expresidente Rafael Correa, con sentencia en firme por corrupción, y prófugo de la Justicia, asomara haciendo propaganda por los candidatos de la Unión por la Esperanza (UNES) para los próximos comicios, llevó al Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador a pedir la suspensión inmediata de esos anuncios.
Usó un programa de televisión
El país se sorprendió el domingo por la noche al ver a Correa en la televisión abierta invitando a votar por los candidatos a legisladores por Pichincha (cuya capital es Quito), y por Andrés Arauz, su candidato presidencial. Ardió Troya. Varios reconocidos constitucionalistas coincidieron en que el exmandatario está impedido de hacer promoción electoral, puesto que con la sentencia en firme por cohecho (ocho años de prisión) había perdido sus derechos políticos. Eso consta en el artículo 64 de la Constitución de Ecuador.
También indignó que Correa intervenga en la publicidad de una campaña que, de acuerdo al Código de la Democracia, es financiada con dinero público.
No debe intervenir en la campaña
Medardo Oleas, quien presidió el Tribunal Supremo Electoral, va más allá de lo que han citado los expertos. Dijo que Correa tampoco podía intervenir en la campaña, ya que el diseño de la promoción política solo está habilitado, de manera exclusiva, para los candidatos y el expresidente no está interviniendo en la lid electoral.
«Correa se está aprovechando, incluso de los fondos del Estado, sabiendo que está inhabilitado». La Dirección Provincial Electoral de Pichincha -organismo que autorizó la difusión del anuncio- emitió un informe mediante el cual suspende la campaña de UNES y advierte a los medios de no recibir esa promoción.
Ecuador irá a las urnas el 7 de febrero próximo para elegir al relevo de Lenín Moreno, actual presidente, así como una nueva Asamblea Nacional (Congreso).
En la carrera por la presidencia compiten 16 candidatos, pero solo tres: Guillermo Lasso, Andrés Arauz y Yaku Pérez asoman en varias encuestas, de manera indistinta, en los primeros lugares.
Sentencia de 8 años
En abril del año pasado, el Tribunal de la Corte Nacional sentenció al expresidente Correa (2007-2017) a ocho años de prisión «por recibir cohechos» para financiar su movimiento político Alianza País (AP) a cambio de adjudicar contratos del Estado a grandes empresas. También fueron sentenciados su vicepresidente Jorge Glas, exaltos cargos de su gobierno y varios empresarios.
En el caso «Sobornos 2012-2016», una trama de corrupción al más alto nivel mediante la cual Correa, que actualmente vive en Bruselas, y altos funcionarios de su administración exigían sobornos a las empresas a cambio de mega obras, muchas de las cuales tuvieron grandes sobreprecios.
El dinero era para el movimiento oficialista AP, y se usó para el binomio en el poder Rafael Correa-Jorge Glas. Entre 2012 y 2016, los empresarios entregaron 5,6 millones de dólares por cruce de facturas (pago directo a los proveedores de AP) y 6,7 millones de dólares adicionales en efectivo a Alianza País.
Uno por uno, comenzando por Rafael Correa, el tribunal valoró y estableció su grado de participación en la trama. Además de Correa y Glas, fueron sentenciados Vinicio Alvarado, exhombre fuerte del gobierno, exministro y quien manejaba la propaganda; Alexis Mera, ex secretario jurídico de la Presidencia; y los exministros María de los Ángeles Duarte, Walter Solís (prófugo), Viviana Bonilla, y el excongresista Christian Vitedi.
También sentenciaron a directivos de empresas constructoras privadas como coautores del delito de cohecho. El caso «Sobornos 2012-2016» surge de una investigación de los portales digitales La Fuente y Mil hojas.
Caso Odebrecht
La denuncia daba cuenta de las contribuciones de Odebrecht y otras grandes empresas a la campaña presidencial de 2012.
Por acción de la fiscalía se detuvo a Pamela Martínez, asesora de Correa, mientras intentaba subir a un avión rumbo a México, cuando apenas se había bajado de otro vuelo procedente del exterior. Se le dictó prisión preventiva. En pocos días se detuvo a su asistente Laura Terán. En sus domicilios y oficinas se encontraron múltiples evidencias. Las dos se acogieron a la cooperación eficaz.
En una libreta de anotaciones se descubrieron códigos y claves para recibir los sobornos. El de Rafael Correa, SP (señor presidente); el de Glas, SVP (señor vicepresidente). Ministros y altos cargos tenían sus propias claves.
Hoy todos están sentenciados a 8 años, excepto Pamela Martínez, condenada a 33 meses de prisión.
Fuente: ABC
