El proyecto del Ministerio de Economía para crear un sistema de devolución exprés por las cláusulas suelo opacas insertadas en las hipotecas está en el aire. El PSOE considera inaceptable que el Gobierno pretenda crear un código de buenas prácticas de carácter voluntario para los bancos y exige que el modelo sea obligatorio para las entidades. Asimismo, los socialistas consideran que, "como mínimo", se tramite como proyecto de ley para poder cambiarlo, y mantienen su idea de garantizar a los afectados una vía extrajudicial "rápida a coste cero y sin quitas".
Así lo ha señalado el portavoz de Economía del PSOE, Pedro Saura, en una rueda de prensa en el Congreso, mientras el Gobierno ultima en varias reuniones con el PSOE y Ciudadanos los flecos para articular un procedimiento para tramitar la devolución por parte de los bancos de las cláusulas suelo tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), según informa Europa Press.
Saura ha detallado que el PSOE le ha trasladado al Gobierno su rechazo al Código de Buenas Prácticas que plantea el Ejecutivo al suponer un "desequilibrio" hacia los bancos cuando ya hay una sentencia que "deja las cosas claras en favor de los consumidores". "No cabe el código de buenas prácticas, no cabe que los bancos se puedan adherir voluntariamente al código", ha insistido Saura, quien ha reclamado un planteamiento extrajudicial para que todas las entidades se tengan que suman obligatoriamente a un procedimiento que busque "rapidez, eficacia, coste cero para los afectados y que no haya ningún tipo de quitas".
Entre 1,5 y 3 millones de afectados
Sin estas condiciones, que entrarían en contradicción con el propósito declarado por Luis de Guindos de establecer una base para resolver una cuestión "privada y personal" entre las entidades y sus clientes, el proyecto no pasará el filtro del Congreso de los Diputados.
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Así las cosas, el Gobierno estudia qué esquema seguir con un problema que afecta a la gran mayoría del sector bancario español y a entre 1,5 millones y tres millones de sus clientes que podrían saturar los juzgados con sus reclamaciones, que ascenderían a una cifra de hasta 4.200 millones de euros, según datos del banco de España obtenidos de las propias entidades.
Con información de El Mundo de España
