Divididos entre la ciudadanía estadounidense y el orgullo boricua, los puertorriqueños se pronunciarán el domingo sobre su compleja relación con Washington en un referendo no vinculante que propone "descolonizar" la isla y que será boicoteado por la oposición.
Con la bancarrota financiera de la isla como telón de fondo, el gobernador Ricardo Rosselló quiere cumplir su promesa de convertir a Puerto Rico en un estado de Estados Unidos en toda regla, fuera de su actual estatuto intermedio.
La isla acumula una deuda de más de 70.000 millones de dólares y está sumida en la mayor quiebra que haya padecido una entidad local estadounidense. Sus finanzas ahora están bajo el control de una junta de supervisión fiscal designada por Washington.
No es el mejor momento para convencer a Estados Unidos de absorber la isla, dicen los críticos del referendo cuyo resultado no será vinculante para Washington.
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Tanto independentistas como partidarios del actual estatuto de estado libre asociado consideran que la consulta es una farsa.
"La inmensa parte de la población no está lo suficientemente educada como para reconocer que somos una colonia", se indigna Dafne Elvira, una artista de 52 años que salió a tomar aire a la plaza del ayuntamiento, en el viejo San Juan.
Con la crisis, esta relación tan desigual se ha vuelto cada vez más "humillante", asegura. Y boicoteará el escrutinio del 11 de junio, al que califica como "un circo".
Pero para el gobernador Rosselló, quien asumió en enero, el referendo tiene mucho que ver con la crisis actual.
"La Junta puede existir porque Puerto Rico tiene una relación inequitativa con el gobierno federal", dice Christian Sobrino, principal asesor económico del gobierno. Por eso las finanzas fueron puestas bajo tutela de una comisión creada en Washington.
– ‘Nuestro pueblo no quiere desaparecer’ –
Excolonia española convertida en territorio estadounidense a fines del siglo XIX, la isla de 3,5 millones de habitantes tiene su propio gobierno -bajo el estatuto de estado libre asociado- desde los años 1950.
Los boricuas son ciudadanos estadounidenses, pero no pueden votar en las elecciones presidenciales a menos que residan en tierra firme. Los habitantes de la isla pueden entrar y salir libremente de Estados Unidos y ambas economías están estrechamente ligadas.
Pero los puertorriqueños están representados en el Congreso estadounidense por un comisionado con voz, pero sin voto; y Washington tiene la última palabra sobre los asuntos de sus territorios.
En el último referendo de 2012, la mayoría de los electores se dijo descontenta con el estatuto actual. Pero no cambió nada bajo el gobierno anterior del Partido Popular Democrático, y Rosselló quiere volver a intentarlo.
En las calles de San Juan, se puede ver ocasionalmente un cartel en apoyo a la incorporación a Estados Unidos como su estado 51, pero en general hay pocas señales de interés en el referendo, que es el quinto que celebra la isla desde los años 1950.
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Caminando entre los edificios administrativos bajo el sol caribeño, Deborah Martínez asegura que votará por la "estadidad" (neologismo puertorriqueño que se refiere a la integración a Estados Unidos) porque quiere poder votar en las presidenciales.
Donald Trump no habría tenido su voto, cuenta. Ahora sus decisiones en materia de salud y programas de ayuda a la alimentación afectan a la isla ya azotada por la pobreza.
"Tenemos derecho a tener las mismas opciones que tienen los residentes allá en Estados Unidos y queremos estar completos", dice esta mercadotécnica desempleada de 37 años.
Héctor Luis Acevedo, exalcalde de San Juan y partidario del estatuto actual aunque con reformas, dijo que no participará en la consulta.
"Aquí se enseña en español. Aquí nuestros poetas componen en español, éste es un pueblo que no quiere desaparecer y hay que ser leal a Estados Unidos", asegura el profesor universitario.
"Yo con el mayor de los respetos, tengo una buena relación con Estados Unidos y no voy a perder mi nacionalidad ni mi capacidad de desarrollarme económicamente", precisó.
AFP
