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Tras siete años de cierre, la reapertura de la frontera entre Colombia y Venezuela, considerada años atrás como la más activa de América Latina, plantea particulares retos para los residentes de las poblaciones fronterizas, gobiernos locales y especialmente para comerciantes y empresarios venezolanos.
El Político
Pero también revive la conveniencia de convocar la Comisión Negociadora para la delimitación de Áreas Marinas y Submarinas.
La Comisión Presidencial para la Delimitación de Áreas Marinas y Submarinas con la República de Colombia y otros Temas (CONEG), es una comisión creada mediante el Decreto Presidencial N° 806 de fecha 21 de Marzo de 1990, publicado en Gaceta Oficial N° 34.434 de fecha 22 de marzo de 1990.
Esta Comisión, además de su Decreto de creación, se rige estructuralmente por las disposiciones contenidas en el artículo 71 de la Ley Orgánica de Administración Pública y demás normas que regulan a la Administración Pública Nacional.
Es por tanto, una Comisión con carácter presidencial, permanente e integrada por funcionarios públicos y sus acciones son realizadas en coordinación con los entes de la administración pública con competencia en los demás sujetos al proceso de negociación, principalmente con el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela.
Complejidad de una frontera de más de 2.200 kilómetros
En una artículo de opinión de El País, Alberto Casas Santamaría, señala que "siempre hemos sostenido la necesidad de mantener buenas relaciones entre los dos países para manejar la complejidad de una frontera de más de 2.200 kilómetros y la Comisión es el vehículo para facilitar la recuperación del entendimiento entre los dos países", reportó ElPais.
Regresamos de esta manera al peligroso ambiente diplomático de 1987 en el que el presidente venezolano Jaime Lusinchi se atrevió a acoger la tesis de “Si Colombia quiere el Golfo que lo tome peleando”.
Estuvimos a cinco minutos de un enfrentamiento bélico en agosto de 1987 por el incidente de la nave colombiana ARC Caldas en aguas del Golfo en disputa.
El cambio de presidente en Venezuela alivió la situación
El cambio de presidente en Venezuela vino a aliviar la situación. El presidente venezolano Carlos Andrés Pérez, desde el día de su posesión, acordó con el presidente Virgilio Barco establecer permanente y activa coordinación de los Gobiernos y designar a los miembros de las comisiones para tratar las cuestiones pendientes entre los dos países.
Ese es el camino que debe seguir a la reanudación de relaciones diplomáticas y a la designación de embajadores en Caracas y en Bogotá.
El presidente Gusavo Petro dijo en el puente Simón Bolívar, durante el acto de reapertura de este lunes, que era un momento histórico, al tiempo que se entonaron los himnos de ambos países.
Habría que decir que Colombia y Venezuela estamos llenos de coyunturas históricas desde la creación de la Gran Colombia en 1819. Como bien dijo el exministro Alfredo Vázquez Carrizosa, esa fraternidad supone el conocimiento de las situaciones que nos dividen al lado de las que nos unen
Lo que nos une en el corto plazo, la necesidad de recuperar la seguridad en la frontera que el cierre de las vías legales entregó, en bandeja de plata, a la mafia internacional.
Empresas criminales controlan el tráfico de droga, el contrabando de gasolina y la expedición de documentos falsos.
De la misma manera, el crecimiento del comercio con miras a beneficiar de preferencia a la gente de los municipios vecinos a las dos naciones.
Lo que nos divide es la delimitación de áreas marinas y submarinas. Llevamos muchos años buscando una fórmula equitativa para ambas naciones y la receta salvadora no aparece. Luis Carlos Galán propuso la creación de una zona común para su explotación y el bienestar ambiental.
Venezuela le niega a Colombia el derecho al patrullaje naval
El hecho grave es que Venezuela le niega a Colombia el derecho al patrullaje naval cuando la prolongación de las líneas de la demarcación señala un mar jurisdiccional de nuestro país.
Por eso es que varios tratadistas colombianos han señalado la necesidad de aplicar el Tratado de 1939, pero a Venezuela esa alternativa le parece inaceptable.
Otros pensamos que es menos peor seguir de negociación en negociación hasta que aparezca una salida que convenga a ambas partes.
El fracaso de la hipótesis de Caraballeda (1980), aceptada por los negociadores colombianos y venezolanos y rechazada en consulta plebiscitaria, deja muchas enseñanzas. La más inmediata: que el Acuerdo, si se consiguiera, debe someterse a los Congresos y no a un referéndum.
