La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional rechazó autorizar al Ejecutivo español a extraditar a Venezuela al empresario Diego José Mármol Rojo, quien habría facilitado información de cómo el régimen de Nicolás Maduro evade las sanciones impuestas a la dictadura chavista en la venta de petróleo.
El Político
Así se desprende del tetsimonio de un opositor venezolano, según consta en un auto de 17 de abril, al que tuvo acceso en exclusiva El Periódico de España.
Panorama general
La Fiscalía de Venezuela, dirigida por Tarek William Saab -sancionado por la Unión Europea por la persecución de los opositores-, comisionó a la Dirección General de Contrainteligencia Militar, el contraespionaje venezolano, para que investigara una supuesta venta ilegal de petróleo, en la que habría participado el reclamado, Mármol Rojo, reportó LaPatilla.
En concreto, las autoridades fiscales y judiciales de Caracas aludían a que había participado en un supuesto “ataque sistémico en contra de la industrial petrolera nacional, representada por Petróleos de Venezuela (PDVSA)”.
Según las pesquisas procedentes de este país las actuaciones presuntamente irregulares del reclamado no solo afectaban a las empresas concernidas, sino que también habían lesionado el patrimonio público, “ya que estos grupos estructurados cometen actos de piratería utilizando buques con identificaciones y banderas falsas para sustraer el crudo nacional para comerciarlo ilícitamente en provecho propio”.
En su auto, los magistrados recuerdan, en este sentido, que los hechos económicos por los que reclamaban al naviero no son delito en España.
Además, sostienen que ya en otras ocasiones habían rechazado la entrega de personas reclamadas por Venezuela cuando la investigación la habían llevado a cabo funcionarios adscritos a la Dirección General de Contrainteligencia Militar o cuando habían intervenido en el proceso de extradición el mencionado Willian Saab o el presidente del Tribunal Supremo de este país, Maikel José Moreno Pérez, responsable de estas pesquisas.
ÚLTIMA HORA | Justicia de España rechaza entregar a Venezuela a un empresario perseguido por el espionaje de Maduro. https://t.co/yiYG6OcIzB
— AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) May 8, 2023
Un testigo
“El testigo Carlos Molina Tamayo declaró en la vista que es Contralmirante de la Armada venezolana, reside en España y forma parte de un grupo de opositores al Gobierno de Venezuela en el exilio que tratan de restituir la democracia en el país, y que en esa misión Diego José Mármol Rojo ha colaborado con él suministrándole información acerca de cómo el régimen de Nicolás Maduro evade las sanciones impuestas a Venezuela y sigue comerciando con petróleo que saca del país con barcos a los que cambia de nombre y adoptando otras medidas para evitar que sean detectados en alta mar, información que a su vez ha sido suministrada a las autoridades de Estados Unidos”, especifica la resolución judicial.
La declaración del Contralmirante, que participó en el golpe de Estado de 2002 contra Hugo Chávez, también confirmó el testimonio del naviero Mármol Rojo, que en su declaración en la Audiencia Nacional dijo que temía por su vida si llegaba a ser extraditado a Venezuela.
Aseguró, en este sentido, que el propio jefe de la Dirección de Contrainteligencia Militar le informó de que la Vicepresidencia del Gobierno había dado instrucciones claras para que cuando fuera atrapado tenía que ser “torturado para sacarle información“.
En conclusión
Las sanciones internacionales incentivaron las prácticas de corrupción en la exportación de crudo, generando oportunidades de arbitraje para empresas comercializadoras (traders) dispuestas a asumir el riesgo de ser sancionadas, transando el crudo venezolano en el mercado asiático.
Además, con la excusa de eludir las medidas de EEUU, el régimen chavista ideó operaciones de intercambio de crudo por alimentos y otros bienes esenciales, que terminaron favoreciendo a grupos aliados donde el liderazgo del gobierno también obtiene una parte.
El turbio mecanismo empleado por la dictadura madurista para intentar eludir las medidas internacionales es similar al que han aplicado otros países sancionados.
Entre las tácticas que se han replicado para facilitar la exportación del crudo venezolano están cambiar el nombre y el país donde se registran los barcos que trasladan los hidrocarburos, apagar sus dispositivos de localización cuando están en ruta, transferir cargamentos entre tanqueros en el mar, traspasar la propiedad de barcos y utilizar compañías de maletín para adquirir y operar los petroleros, de acuerdo con una investigación de la agencia Reuters.
