El ministro de Justicia, Rafael Catalá, tiene previsto empezar a tramitar en el Congreso antes del verano el proyecto de ley de Enjuiciamiento Criminal que cambiará todo el proceso penal. La futura norma dará la instrucción y la dirección de las investigaciones penales a los fiscales, limitará al mínimo las acusaciones populares y establecerá plazos. Catalá la negociará con PSOE y Ciudadanos, con garantías de éxito porque se basará en un texto elaborado por el último Gobierno socialista que llegó al Congreso en 2011 y no pudo tramitarse.
Rafael Catalá ya se ha reunido con todos los portavoces de Justicia de todos los partidos para pedirles apoyo a las reformas que pretende impulsar, especialmente, la de la nueva la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Parte con una ventaja: su interlocutor del PSOE, Juan Carlos Campo, fue secretario de Estado de Justicia con Francisco Caamaño como ministro del último Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y entonces se elaboró un proyecto de ley que Catalá quiere utilizar como base. No se aprobó por falta de tiempo, pero incluía líneas generales que ahora el Gobierno de Mariano Rajoy pretende impulsar: el fiscal instruye bajo el control de un juez de garantías; se establece un plazo efectivo de 12 meses para la instrucción y se limita la acusación popular.
El otro interlocutor básico es Ciudadanos que en febrero firmó un acuerdo con el PSOE en el que se decía textualmente: “Aprobar con el mayor consenso una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que atribuya la dirección de la investigación al Ministerio Fiscal y que cree la figura del juez de garantías”.
La del PSOE de 2011 fue impulsada y defendida por el entonces fiscal general del Estado y hoy magistrado de la Sala Segunda del Supremo, Cándido Conde Pumpido. Es decir, esa idea de reforma tiene respaldo inicial de PP, PSOE y Ciudadanos y respaldo de personalidades destacadas de la cúpula judicial. El texto del PSOE, que hace suyo en sus líneas generales el actual Gobierno, establece que la responsabilidad de la instrucción sea del fiscal, de quien dependerá la policía judicial, bajo el control del juez de garantías, que actuará como garante de los derechos de los investigados, para supervisar las diligencias decididas por el fiscal. Según ese texto, el fiscal iniciará la investigación con un decreto, con posibilidad de tener a su cargo un equipo de fiscales en causas complejas y decidir el archivo del procedimiento si no aprecia indicios de delito.
Con información de El país
