La situación es inédita y el tiempo urge. Con estas dos premisas, Mariano Rajoy, el candidato propuesto por el Rey a la Presidencia del Gobierno, ha decidido activar a fondo la válvula de la presión sobre los líderes de los dos partidos que pueden facilitar su investidura -PSOE y Ciudadanos-, con el objetivo de conseguir un acuerdo que permita superar el bloqueo político y proceder a la formación de un Ejecutivo antes del 23 de agosto, fecha que en Moncloa fijan como límite para aprobar el techo de gasto, paso previo para la presentación de los Presupuestos.
El Gobierno en funciones está dispuesto a apretar todas las tuercas, incluidas las constitucionales, para encender la chispa de la «voluntad política» que desatasque el engranaje institucional. Es en esta clave en la que, según Presidencia, debe entenderse la ambigüedad de Rajoy cuando, tras aceptar el encargo de Felipe VI, dejó en suspenso la posibilidad de acudir al Congreso para solicitar la confianza de la Cámara, como estipula la Constitución, si no cuenta con los apoyos que garanticen su investidura.
La vicepresidenta en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, afirmó ayer, tras el Consejo de Ministros, que en su opinión el citado apartado de la Carta Magna no obliga al candidato a someterse al debate de investidura si no cuenta con los votos suficientes. Mantiene que lo que hace es «ordenar el debate parlamentario», en el sentido de «disciplinar». No obstante, eludió responder a la pregunta de si esta interpretación de la norma constitucional está sustentada en algún informe jurídico requerido por el Gobierno.
Para Rajoy, como defendió la vicepresidenta, lo que ahora es crucial no es en ningún caso plantearse la investidura, sino abrir una negociación que desemboque en la formación de un Gobierno y aleje definitivamente el fantasma de las terceras elecciones.
«España necesita un Gobierno y algunos sólo quieren un debate. Los debates deben tener un objetivo porque llevamos dos campañas electorales debatiendo y algún debate fallido en la Cámara. No es momento de reclamar exclusivamente un debate con términos jurídicos que es interpretar muy pro domo sua, es decir, en función de los propios intereses, la Constitución», argumentó Santamaría.
Información de El Mundo
