La muerte de Hugo Chávez en marzo de 2013 no marcó la desaparición o el debilitamiento del llamado Cártel de los Soles, sostenido por el andamio operacional de la Fuerza Armada Bolivariana, a la que el comandante revolucionario lideró por 14 años. Era de esperar que, al dejar a un civil en la Presidencia, la actividad de ese grupo disminuiría o cesaría, pero con Nicolás Maduro ha cobrado nuevos bríos en la forma de una federación de organizaciones dedicadas al narcotráfico en Venezuela que hoy está en pleno auge.
El Político
En 2020 el Departamento de Justicia estadounidense presentó acusaciones contra altos dirigentes del régimen de Maduro por dirigir el mencionado grupo que, a pesar de su nombre, no funciona como un cártel en sentido estricto. Se trata de una estructura criminal difusa, puesta al servicio de cárteles extranjeros de la droga -especialmente, mexicanos-, pero apoyada en el Estado venezolano, especialmente por los militares que tienen el control estratégico del territorio. Ellos manejan el tráfico de drogas como un negocio privado y responden no a uno, sino a varios comandantes o jefes de zonas. Otros actores del poder público local y judicial también participan, además de numerosos testaferros y operadores privados.
Ahora, una masiva filtración de documentos, complementada con otros informes y decenas de entrevistas, expone y actualiza el funcionamiento interno de este peculiar cártel, disipando las afirmaciones de que no existe y de que, en realidad, las acusaciones que se le formularon habrían sido meras fabricaciones de naturaleza política.
Se trata de informaciones recabadas a partir de NarcoFiles: el nuevo orden criminal, una investigación periodística transnacional sobre el crimen organizado global, liderada por el Proyecto de Reportería del Crimen Organizado y la Corrupción (Occrp, por sus siglas en inglés), con el apoyo del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), a partir de una filtración de correos electrónicos de la Fiscalía General de Colombia compartida con Armando.info y más de 40 medios de comunicación en todo el mundo.
Los documentos permiten corroborar que el gobierno de Colombia, por lo menos hasta mediados de 2022, consideraba al Cártel de los Soles como una “amenaza activa” que actuaba en llave con cárteles mexicanos y grupos armados colombianos para el tráfico de cocaína que, solo en la zona del río Catatumbo -área limítrofe binacional, al oeste de Venezuela y al noreste de Colombia-, generaba ganancias de hasta 5.900 millones de dólares al año. El del Catatumbo es uno de los tres “ejes de operaciones” que sustentan las rutas del cártel en Venezuela y que, según varios informes, mueve entre 250 y 350 toneladas de drogas al año.
Un modo de operar
Si bien el relato convencional hasta ahora difundido sobre la agrupación señala que, en tiempos de Hugo Chávez, el Cártel de los Soles sostuvo una alianza con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para facilitar las operaciones de tráfico de drogas, varios informes elaborados por militares colombianos desde 2019 y hasta 2022 -cuando la mayoría de ese grupo subversivo ya se había desmovilizado- detectaron que este cártel expandió y diversificó sus alianzas con facciones disidentes de esa guerrilla que se mantuvieron en armas, así como con el grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional (ELN) y con bandas del crimen organizado. Específicamente, un documento de 2019 apuntó que el cártel venezolano había establecido relaciones directas con el Frente Acacio Medina (disidencia de las FARC), y con los frentes o divisiones del Ejército de Liberación Nacional (ELN) Compañía Maisanta, José Daniel Pérez Carrero, Luis Enrique León Guerra y el 33, además del grupo delictivo Los Rastrojos.
El modus operandi del tráfico hacia Venezuela comienza con la producción de hoja de coca, que ocurre sobre todo en el Catatumbo colombiano, cuya “condición fronteriza (…) le permite ser epicentro del tráfico internacional de estupefacientes hacia Venezuela”, señala un informe de 2022. Fuentes cercanas a la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) en Colombia señalan para este reportaje que la gran mayoría, si no la totalidad, del producto de las 42.000 hectáreas de hojas de coca sembradas en esa zona limítrofe con el estado Zulia llegan a Venezuela a través de los ríos Catatumbo, Zulia y Tarra, tras ser procesadas y convertidas en pasta o en polvo de cocaína en las adyacencias de poblaciones colombianas como Ocaña, La Gabarra y Tibú.
Ese volumen es masivo si se tiene en cuenta que cada hectárea de hoja de coca cosechada tiene un rendimiento medio de 7,9 kilogramos de cocaína en polvo, según las cifras que señala un informe sobre Colombia publicado en octubre reciente por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Onudd). El cálculo cruzado entre superficie cultivada y rendimiento por hectárea sugiere que el año pasado, por ejemplo, hasta 300 toneladas de cocaína estuvieron disponibles para ser enviadas desde el alto Catatumbo, en el departamento colombiano de Norte de Santander, al estado Zulia en Venezuela. Pero los expertos se apresuran a señalar esta cifra de parcial y conservadora, pues corresponde solo al primero y principal de los tres “teatros” o rutas de tráfico binacional, que representaría 60% de la droga que entra en Venezuela.
Una vez que la droga está en territorio venezolano entra en juego el Cártel de los Soles. Al recibirla en distintos puntos de la geografía venezolana, el grupo actúa como bisagra de los cargamentos que luego distribuye a través de ríos y carreteras venezolanas hacia puertos y pistas clandestinas con rumbo a destinos intermedios de comercialización, como República Dominicana, Trinidad y Tobago, Honduras, Surinam, Guyana, y en algunos casos hasta los destinos finales, como Estados Unidos y Europa.
En otro informe de 2022, los oficiales de inteligencia colombiana ofrecen otra clave de la operación del Cártel de los Soles. Para lograr este trasiego el grupo criminal ha estrechado relaciones con los cárteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, además del brasileño Primer Comando Capital (PCC).
El fin de estas alianzas, adicionales a las ya existentes con grupos colombianos, sería “establecer y fortalecer el envío de drogas y oro ilícito y otros minerales extraídos ilegalmente”. La relación entre el cártel venezolano y el de Sinaloa es reiterada en los documentos, En un testimonio recogido en las investigaciones que se revisaron para esta cobertura, un guerrillero desmovilizado aseguró a la Fiscalía colombiana haber servido de “nexo” entre el Cártel de los Soles y el Cártel de Sinaloa.
Aunque el papel de los militares en esta zona limítrofe entre Venezuela y Colombia se limitaba tradicionalmente a cobrar vacuna por permitir el paso de la droga, poco a poco han ido asumiendo un protagonismo mayor en las operaciones, hasta convertirse en proveedores de los cárteles mexicanos.
En la ruta del Catatumbo, el control militar venezolano corresponde a la guarnición del Ejército en el Fuerte Motilón, cerca de la población de Casigua-El Cubo, capital del Municipio Semprún del estado Zulia, al sur del Lago de Maracaibo.
Las plantaciones del Catatumbo, gestionadas en su mayoría por miles de campesinos independientes que cultivan pequeños lotes de tierra, se han convertido en fuente de un gran negocio para grupos como el ELN, los disidentes de las FARC y un tercer actor, el Ejército Popular de Liberación (EPL). Según uno de los informes fechado en 2022, el comercio de cocaína producida solo en esa zona genera cada año alrededor de 25 billones de pesos, unos 5.900 millones de dólares.
Algunas fuentes llegan a señalar que, en los últimos años, el cártel ha conseguido pasar del simple transporte al procesamiento de la mercancía, al establecer en el lado venezolano una serie de laboratorios capaces de procesar la pasta de coca para obtener cocaína en polvo, lo que genera mayores beneficios. Una de esas fuentes, el exvicepresidente de Colombia y exjefe de la Policía Nacional de ese país, el general Óscar Naranjo, afirma que en territorio venezolano, en áreas limítrofes con Colombia, se han instalado “laboratorios cristalizaderos”.
Fuera de los documentos filtrados, un informe elaborado por IBI Consultores, organización especializada en el estudio del crimen organizado, señala que los comandantes de las diferentes Regiones Estratégicas de Defensa o REDI venezolanas -el equivalente a los distritos militares en otros países- son los encargados de velar por el buen desarrollo de la operación de resguardo y movimiento. Entre los investigadores que elaboraron el documento "hay consenso en que el ministro de Defensa, el subsecretario de Defensa, el jefe de las cuatro ramas de las fuerzas armadas (Ejército, Armada, Fuerza Aérea, Guardia Nacional) y los comandantes de las ocho REDI estratégicas son pilares clave de la estructura del cártel".
En los testimonios recabados por las investigaciones de la Fiscalía colombiana entre desmovilizados, personas que piden protección y acusados por delitos de narcotráfico, se encuentran varios que también aseguran haber sido testigos de la participación de militares venezolanos en el resguardo y transporte de la droga en territorio nacional. Uno de estos testimonios, el de un detenido por participar en un grupo delictivo colombiano, aseguró que tenía relación con el Cártel de los Soles y “contactos con altos militares venezolanos”, a quienes apuntó como “los encargados de autorizar o no la salida de las avionetas [con cocaína] de territorio venezolano”.
Estos datos coinciden con un informe publicado en marzo de 2022 por el Departamento de Estado de Estados Unidos, que describe a Venezuela como una ruta de preferencia para el tráfico de drogas, predominantemente cocaína, amparada por la actuación de funcionarios del gobierno venezolano: "Individuos del régimen de Maduro colaboraron con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para transportar cocaína a través de Venezuela", dice el informe, citando al titular del Comando Sur, con cuartel general en Doral, Florida.
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