El Político.- El fiscal general de Venezuela, Tarek Saab, informó hoy que se está tramitando una alerta roja en Interpol para la captura de Euzenando Prazeres de Azevedo, quien fue presidente de Odebrecht en el país caribeño.
EFE
Saab hizo este anuncio en una declaración retransmitida por el canal estatal VTV, en la que señaló también que se ha activado otra alerta roja ante Interpol contra el exdiputado Germán Ferrer, esposo de la ex fiscal disidente del chavismo Luisa Ortega e implicado en una supuesta red de extorsión que habría operado en el Ministerio Público.
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Esta trama estaría liderada según Saab por varios altos cargos de la Fiscalía cuyos nombres espera que sean revelados por el abogado preso José Parra Saluzzo, dueño del bufete Parra Saluzzo, que trabajaba para Odebrecht.
"Parra Saluzzo se encuentra privado de libertad y ha prometido acogerse a la política de la delación para él revelar con nombre y apellido quiénes eran los directores, quiénes eran los titulares del MP que conformaban el cartel de extorsión", añadió el fiscal.
Según Saab, Parra Saluzzo le ha comentado a fiscales en ejercicio del MP que Ferrer e incluso a la propia extitular del MP están vinculados con la "red de extorsión", aunque dijo que no ha ofrecido una declaración de "manera judicial".
El titular de la Fiscalía aseguró este miércoles que existió una relación "directa" y "concreta" entre tres fiscales del Ministerio Público (MP), la empresa brasileña Odebrecht y el bufete que asistía a la compañía, Parra Saluzzo, en hechos de corrupción.
Saab reveló asimismo que también se están tramitando otras alertas contra los hermanos empresarios Carlos Enrique Urbano Fermín y Carlos Eduardo Urbano Fermín por un supuesto caso de corrupción de la petrolera estatal PDVSA en la Faja Petrolífera del Orinoco.
Según documentos revelados por el Departamento de Justicia de EE.UU. el pasado 21 de diciembre, Odebrecht pagó aproximadamente 788 millones de dólares en sobornos en 12 países de Latinoamérica y África.
De acuerdo con esos documentos, los pagos se hicieron en relación con "más de 100 proyectos en 12 países, incluidos Angola, Argentina, Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú y Venezuela".
Los documentos del Tribunal del Distrito Occidental de Nueva York señalan que la compañía brasileña pagó unos 98 millones de dólares en Venezuela entre 2006 y 2015, a "funcionarios e intermediarios del Gobierno" para "obtener y retener contratos de obras públicas".
