Los organismos de contrainteligencia del régimen madurista se destacan por tratar mayormente con casos militares y por actuar con gran crueldad y tratos inhumanos al momento de intentar sacar información a los detenidos, de acuerdo al más reciente informe de la organización Una Ventana a la Libertad.
Primer Informe / El Político
La Contrainteligencia madurista se ha encargado en los últimos años, de aplacar la turbulencia política en el ala castrense, investigando los delitos de naturaleza militar y no dejando lugar a dudas de que las órdenes que recibe este cuerpo, desde las más altas instancias del régimen, están cargadas de ilegalidades, violencia y violación a los Derechos Humanos.
Desde diciembre del 2019 el marco jurídico en el que se apoya la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) cambió al entrar en vigencia la denominada Ley Constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente. Los cambios aún están por concretarse, sin embargo una de las novedades de la ley es que confiere a todos los componentes la función de “contribuir con el sistema de inteligencia y contrainteligencia nacional”, lo que hace que la DGCIM cobre una mayor importancia desde el punto de vista institucional pues por primera vez los componentes armados de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas estarían subordinados a este despacho.
La ONG Una Ventana a la Libertad ha hecho un recuento del comportamiento de este peligroso brazo del gobierno instalado en Miraflores y de sus centros de detención en Caracas, lugares donde se ha constatado, se han llevado a cabo prácticas violatorias de los Derechos Humanos que van desde torturas, tratos crueles e inhumanos y régimen disciplinario.
Centro de Detención de la DGCIM en Boleíta
Pese a múltiples denuncias públicas sobre ejecución de torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes hacia quienes estaban en custodia de la DGCIM, las prácticas de este tipo no se detuvieron y cobraron mayor gravedad al confirmarse la muerte en custodia del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, el 29 de julio del 2019, presuntamente como consecuencia de los golpes recibidos a manos de agentes de esta dependencia, mientras era investigado.
Michelle Bachelet, Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, dijo la autopsia practicada a Acosta Arvelo “reveló que había sufrido múltiples golpes, contusiones, excoriaciones y quemadoras en varias partes del cuerpo. Sufrió fracturas en 16 costillas, el tabique nasal y el pie derecho”.
El caso de Acosta Arévalo representa un patrón de conducta de los funcionarios encargados de las investigaciones penales en este despacho militar, patrón que se repitió mucho más de ahí en adelante, en la medida que se incrementaban los detenidos por presuntas conspiraciones contra Maduro y su gobierno.
El informe de la ONG aclara que “si bien las fuentes señalan que las torturas son ejercidas presuntamente por funcionarios de ese despacho, esto no siempre ocurre en la sede de la institución. Existen señalamientos fundamentados en cuanto a la utilización de inmuebles distintos a la sede central de Boleíta. A estos lugares llegan las comisiones inmediatamente después de que se han producido las detenciones, y antes de dar formal entrada al aprehendido en la sede central. La ubicación de estas ‘casas seguras’ es incierta, puesto que las personas son trasladadas a ellas con las caras tapadas con capuchas o máscaras. Dos casos conocidos indican que la ubicación es en lugares de la montaña, en la periferia de la capital”.
Igualmente, en esta sede central se ha señalado la existencia de un lugar específico para estas prácticas, bajo dominio de los agentes de la Dirección de Investigaciones Estratégicas. Se trataría de una habitación con paredes blancas y pocos muebles. Los instrumentos para torturar serían llevados a ese sitio, depende del procedimiento a ejecutar para la obtención de información.
He aquí una lista detallada de las modalidades de tortura referidas por las víctimas o sus abogados:
Interrogatorios con golpes en los costados, en el plexo solar, en la espalda o la cabeza, mientras la víctima está desnuda. Es aplicada tanto a los hombres como a las mujeres, quienes permanecen esposados por la espalda, sentados o guindados. Las víctimas pueden ser torturados por funcionarios de ambos sexos. Las golpizas son aplicadas con breves períodos de descanso.
Arrastrar a las detenidas halándoles el cabello hasta que se desprende. Aplicado sólo a las mujeres.
Inyección de psicotrópicos para propiciar una confesión. Las punciones son hechas en las extremidades.
Descargas eléctricas en genitales y pecho. Aplicado a personas del sexo masculino.
Sofocamiento con bolsa o paño de tela en la cabeza, a veces húmedo o impregnado con material urticante.
Golpes repetidos a los pulgares de los pies, hasta que pierden adherencia con el dedo, y se desprenden. Esto se hace con un martillo con punta de goma.
Extracción de las uñas de los pies y las manos. Procedimiento realizado con pinzas sólo a detenidos de sexo masculino.
Presión constante en los testículos, mediante uso de pinza o alicate.
Existe una modalidad de tortura que consiste en una secuencia de varias acciones, previamente determinada, contra el detenido en la misma habitación, a la que los funcionarios le llaman ‘El circuito’, del que se supo por un caso de enero del 2020, cuando a un detenido trasladado a Caracas desde el interior del país le aplicaron un circuito de descargas eléctricas, permanencia por largo tiempo guindado con sogas, y finalmente golpes en los costados.
Los daños que generan estas modalidades son variados. En el caso específico de Hermilendris Benítez, de 32 años de edad, que fue formulada en audiencia de juicio una denuncia sobre la pérdida de un feto, consecuencia de los golpes que habría recibido durante el interrogatorio en la DGCIM de Boleíta.
Benítez había sido aprehendida junto a su esposo Yolmer Escalona y otras dos personas en el estado Portuguesa, por el caso del “magnicidio frustrado”. Pese a que el informe médico consignado en el acto de presentación ante el juzgado de control contra el Terrorismo en Caracas, el 11 de agosto, no indica lesión alguna. Según su abogado, la mujer fue llevada tres semanas después de detenida al Hospital Militar de Caracas, donde le hicieron un curetaje en el útero. La juez Carol Padilla, encargada de su juicio, dijo que los informes consignados no revelaban embarazo alguno y sí un “quiste”.
Brayan Oropeza, otro de los procesados por el presunto magnicidio frustrado, también relató con su propia voz cómo le extrajeron las uñas de los pies con pinzas, mientras era interrogado.
Las torturas impartidas buscan generar un impacto psicológico en el resto de la población reclusa, como se constató en el caso de un funcionario de la misma DGCIM detenido por el plan de evasión de Rodríguez Torres, cuyo terror a las torturas fue tal que supuestamente se arrojó desde el tercer piso de la central de este cuerpo, en mayo del 2019. El hombre habría sobrevivido a la caída y según abogados del Foro Penal, se encuentra recluido en el Hospital Militar de Caracas, aunque la abogada Tamara Suju declaró que el hombre murió luego de cuatro días de convalecencia.
No siempre las torturas logran las metas previstas y se registran dos oportunidades en las que los detenidos reaccionan de forma airada al escuchar los gritos de las personas sometidas a este tratamiento, o también cuando presenciaban lo que se hacía contra alguien de la población femenina.
El valioso informe de Una Ventana a la Libertad refiere otras formas de tortura referidas por las fuentes consultadas, que intentan generar un quiebre sicológico en los interrogados:
Amenazas de violaciones o actos carnales contra los familiares o parejas sentimentales de las personas interrogadas, en especial si estas se encuentran también en custodia. En algunos casos los señalamientos indicaban que el acto se había llegado a concretar.
Amenazas de muerte.
Simulación de liberación intempestiva, para luego volver a las celdas.
Simulación de actos previos a una ejecución extrajudicial, mediante el amartillamiento de las pistolas mientras el detenido se encuentra encapuchado.
Reclusión por tiempos prolongados en locales con total oscuridad o intensamente iluminados, pasando de forma rápida a la situación contraria, ocasionando desorientación y ceguera momentánea en el detenido.
Reclusión por tiempos prolongados en habitaciones con temperaturas excesivamente bajas, con el preso, en muchas oportunidades, esposado o inmovilizado.
Una de las ideas de las sesiones de tortura, es lograr que los detenidos participen en confesiones grabadas, en un procedimiento similar al aplicado en el SEBIN. Los agentes impondrían al detenido un set de respuestas, que éste deberá expresar frente a la cámara con naturalidad, a medida que le van haciendo las preguntas, sin que ningún funcionario aparezca en la grabación. Sin embargo estos videos no son divulgados ni presentados en juicio oral.
En la sede de Boleíta no existe un reglamento escrito o previamente conocido del régimen de castigos, sino que éstos se aplican a discrecionalidad. Estos tratamientos han sido calificados como castigos puesto que surgen como respuesta a conductas previas de los detenidos. Algunos podrían entrar en la categoría de tratos crueles o degradantes:
Aislamiento prolongado. El detenido no podrá salir ni para defecar, mientras que otros sí podrían hacerlo.
Privación de visitas familiares y de abogados por tiempo indefinido.
Incomunicación conel exterior.
Privación de exposición al sol.
Privación de alimentos.
Inmovilización prolongada mediante esposas que puede durar hasta 2 días contínuos, incluyendo pernoctas.
Obligación de comer alimentos en el suelo, sin posibilidad de usar las manos. En oportunidades esto suele suceder en el mismo espacio donde el detenido guarda una bolsa con sus excrementos.
Pese a que la DGCIM de Boleíta cuenta con paramédicos para casos de poca gravedad, al ocurrir casos de mayor envergadura, los detenidos no reciben atención inmediata, dando como excusa el no poder hacer traslados sin la orden del juzgado de la causa.
Centro de detención en Fuerte Tiuna
Se trata de una edificación relativamente nueva, construida desde mediados del 2019, que ha sido destinada para el alojamiento de detenidos considerados de alto perfil, que requieren una vigilancia especial.
No todos los que llevan a esta sede han sido detenidos por la DGCIM, como el caso del diputado Edgar Zambrano, quien fue detenido por el SEBIN, pero recluido allí.
Llegar al sitio implica pasar la alcabala externa de Fuerte Tiuna y varios puntos de control internos, además del punto de verificación de la DGCIM.
Durante la elaboración del informe, la ONG Una Ventana a la Libertad dice que no se recibió información de torturas o tratos crueles en ese lugar, debido quizás, al perfil de los detenidos que allí se encuentran, sin embargo, hay quejas sobre la deficiencia de la alimentación y los retardos en la atención médica, con enfermedades que se agudizan debido a la ausencia de fumigación, con personas afectadas por enfermedades derivadas de ataques por plaga.
Las condiciones de aislamiento y privaciones son permanentes, causas de la huelga de hambre que habría realizado el mayor general Rodríguez Torres, quien logró con esta protesta que le permitieran recibir 15 minutos de sol al día.
Fuente: Primer Informe
