El gobierno venezolano podría permitir que las apelaciones de políticos de la oposición que buscan eliminar las prohibiciones que les impiden ocupar cargos públicos avancen en los tribunales, como una forma de cumplir parcialmente con las demandas de Estados Unidos antes de una fecha límite vinculada a la flexibilación de las sanciones, dijeron fuentes a Reuters.
El Político
En octubre, Estados Unidos anunció una revocación de seis meses de algunas sanciones a la industria petrolera y levantó una prohibición de negociar bonos a cambio de un acuerdo sobre las elecciones de 2024 entre el gobierno del presidente Nicolás Maduro y la oposición.
Washington ha dicho que revocará el alivio de las sanciones si Maduro no ha tomado medidas antes del 30 de noviembre para liberar a los presos políticos y a los estadounidenses “detenidos injustamente” y avanzar hacia el levantamiento de las prohibiciones a los cargos públicos.
La ganadora de las primarias presidenciales de la oposición, María Corina Machado, se encuentra entre los excluidos del cargo.
No estaba claro con qué fuerza o cuándo podría reaccionar Estados Unidos si el gobierno venezolano no toma ninguna medida o qué mínimo podría alcanzar Maduro para evitar o retrasar una respuesta estadounidense.
Hay deliberaciones en curso dentro de la administración Biden, que ha sido presionada por los republicanos para restablecer las sanciones, y una decisión dependerá de lo que haga Maduro, si es que hace algo, antes del jueves, dijo una fuente de Washington.
Otras fuentes se mostraron escépticas ante gran parte de una respuesta inmediata de Estados Unidos y anticiparon que podría producirse una reacción semanas después.
Dos fuentes opositoras y otra con conocimiento del asunto dijeron que el gobierno de Maduro podría permitir avances en las apelaciones ante el Tribunal Supremo de Justicia.
