México abrió, en poco más de un año, 4.713 expedientes por posibles delitos de tortura que involucran a servidores públicos, de acuerdo con datos del Gobierno.
Esta información la proporcionó el Ejecutivo al responder una pregunta parlamentaria presentada por el grupo del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD) tras el Cuarto Informe de Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, señaló hoy el Senado en un comunicado.
Desde la creación de la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura el 27 de octubre del 2015 y hasta el 14 de noviembre de 2016 "se han registrado aproximadamente 4.713 expedientes de averiguaciones previas", afirmó el Gobierno.
Las acusaciones respecto de estos casos provienen de las 32 delegaciones estatales de la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía) en las entidades federativas del país, de las oficinas centrales de la PGR, de vistas de órganos jurisdiccionales o ministeriales y de denuncias ciudadanas.
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En 2015, el relator especial de Naciones Unidas sobre la Tortura, Juan E. Méndez, presentó un informe en el que denunció que este delito, así como los malos tratos durante los momentos que siguen a la detención y antes de la puesta a disposición de la Justicia "son generalizados en México y ocurren en un contexto de impunidad".
"Hay evidencia de la participación activa de las fuerzas policiales y ministeriales de casi todas las jurisdicciones, y de las fuerzas armadas, pero también de tolerancia, indiferencia o complicidad por parte de algunos médicos, defensores públicos, fiscales y jueces", afirmó entonces.
La Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura fue creada, según la fiscalía, para "dirigir, coordinar y supervisar las investigaciones del delito en materia de tortura cuando se trate de actos atribuibles a servidores públicos" de instancias pertenecientes a la Administración federal o de organismos autónomos.
Con información de: EFE
