En Argentina se registraron 65 ataques directos a la libertad de expresión y contra periodistas durante 2016, según un informe presentado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) durante una reunión en la ciudad de Antigua, en Guatemala.
La mayor parte de esos ataques fueron realizados por funcionarios provinciales, fuerzas policiales y militantes políticos durante la cobertura periodística de diversas manifestaciones que se realizaron en varios puntos del país.
Aunque esta cifra es menor a la registrada durante los años de mandato de la expresidenta argentina Cristina Fernández (2007-2015), y a pesar de que varios medios que estuvieron "discriminados" volvieron "a recibir pauta", queda pendiente la aprobación de una ley que evite un uso "discrecional y propagandístico" para el futuro.
El documento fue leído este sábado en una sesión en la Comisión de Libertad de Prensa e Información, presidida por Roberto Rock, y debe ser aprobado, así como las conclusiones y las resoluciones, un hecho que se prevé que se produzca el próximo lunes tras el respectivo debate y discusión.
Precisamente está previsto que se incluya alguna mención a la gestión del actual presidente argentino, Mauricio Macri, respecto a un "clima diferente de democracia", algo que exigieron varios de los medios presentes en la reunión.
En la apertura, Rock dijo que en algunos países de la región, como Venezuela, Cuba o Argentina, hay un "endurecimiento en las reglas de convivencia" con la prensa, lo que se está constituyendo en un recurso de los órganos de Estado y de determinados grupos de ciudadanos que asesinan a periodistas y que los acosan, lo que se convierte en un "enorme desafío".
Al menos 13 periodistas, durante el último año, han sido asesinados, una de las cifras "más graves de la historia reciente", y de ellos cinco fueron en México, tres en Perú, dos en Guatemala, dos en República Dominicana y uno en Honduras.
"En los 20 países de la región hubo un aumento de fuerzas policiales y militares para periodistas", y también hay un clima de regresión debido a legislaciones que parecen limitar la rendición de cuentas y la libertad de expresión, como el Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que prolifera "constantes descalificaciones".
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A su juicio, esto, unido a la falta de transparencia, hace "imposible imaginar el impacto que tendrá en el mundo" si Estados Unidos se convierte en "un polo del nacionalismo autoritario".
Respecto a Venezuela, Rock dijo que hay "una crisis institucional que la coloca en la delgada frontera entre un régimen autoritario y una dictadura".
La SIP, con sede en Miami, es una entidad sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas, y está compuesta por más de 1.300 publicaciones asociadas en el hemisferio occidental.
Desde ayer la entidad celebra en la ciudad colonial La Antigua su reunión semestral, en la que la libertad de prensa y los homicidios de periodistas serán uno de los temas de este encuentro, que se prolongará hasta el lunes 3 de abril. EFE
