Casi la totalidad de las organizaciones civiles sin fines de lucro (ONG) existentes, sean estas de hecho o de derecho se verán afectadas por el proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines, aprobado en primera discusión por la Asamblea Nacional (AN).
El Político
La ONG Acceso a la Justicia destaca que en realidad la propuesta atañe a casi todas las instancias de la sociedad civil organizada en Venezuela.
Contenidos relacionados
Esto sin importar si son de derechos humanos, asistenciales, humanitarias, educativas, culturales o se dediquen a cualquier otro ámbito, siempre que no estén reguladas por leyes especiales, tales como sindicatos o gremios, por mencionar algunas.
Afecta a las organizaciones de la sociedad civil
Acceso a la Justicia advierte que, de la forma en que se redactaron los artículos del proyecto, «no solo serán afectadas por el texto organizaciones que defienden derechos humanos, sino un universo enorme de organizaciones civiles sin fines de lucro sin importar su objeto».
En este sentido, la ONG cree que fundaciones empresariales, clubes sociales, instituciones y agrupaciones deportivas «se considerarán organizaciones no gubernamentales y deberán inscribirse en el nuevo registro, pues de lo contrario no podrán funcionar».
Pero las organizaciones señaladas y otras muchas más, incluidas las caritativas como Cáritas de Venezuela o las religiosas como la Confederación de Asociaciones Israelitas de Venezuela (CAIV), deberán cumplir además con la avalancha de trámites que el texto incorpora, so pena de multas o desaparecer.
ONG extranjeras también afectadas
El proyecto de ley no solo pone en la mira a las ONG nacionales, sino también a las extranjeras que operan o quieran operar en el país.
El artículo 11 del borrador señala que: "las organizaciones no gubernamentales domiciliadas en el extranjero, sólo podrán operar en el país tras obtener una habilitación para hacerlo. Esta será otorgada por el Ministerio con competencia en materia de relaciones exteriores, que será el órgano encargado de determinar los requisitos y procedimientos a seguir para obtenerla".
Pero la obtención del permiso no es el fin del camino, sino un peaje más. Así, las agrupaciones luego deberán recorrer el mismo tortuoso camino que las nacionales, es decir, inscribirse en el «registro especial», donde tendrán que reportar «su objeto y fines, las zonas en las que desarrollan actividades, las personas involucradas y las formas de financiamiento de las mismas».
¿Cómo afecta a los venezolanos?
Se equivocan aquellos que creen que el proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines está destinado a silenciar y acallar solamente al movimiento de derechos humanos.
La amplitud con la que está redactado el texto lo convierte en una amenaza para cualquier expresión de la sociedad civil organizada en Venezuela y muestra una vocación totalitaria del partido de Gobierno.
La sociedad civil organizada ya está regulada, y este texto lo que hace es incluir disposiciones que dificultan enormemente la posibilidad de ejercer los derechos a la asociación y a la participación ciudadana en los asuntos públicos.
