Dos meses después del referéndum, el Gobierno de Theresa May sigue sin revelar sus intenciones ni su estrategia para salir de la Unión Europea.
En la cumbre del G20, May se limitó a repetir su compromiso con el resultado del referéndum del 23 de junio y a hacer una precisión sobre la inmigración que contradice a su ministro de Exteriores, Boris Johnson.
Theresa May, primera ministra del Reino Unido informó que “los británicos votaron el 23 de junio a favor de introducir ciertos controles en el movimiento de ciudadanos europeos que entran en el Reino Unido. Un sistema basado en puntos no da ese control.”
La comparecencia del ministro para el Brexit en la Cámara de los Comunes este martes tampoco ha esclarecido las cosas. Para David Davis, el Brexit quiere decir simplemente salir de la UE, y además:
“Conseguir el mejor acuerdo para el Reino Unido, uno hecho a medida y no una solución general. Esto debe implicar establecer controles sobre el número de personas procedentes de Europa que quieren entrar en el Reino Unido, pero también, una salida positiva para quienes comercian con bienes y servicios.”
Palabrería según la oposición, que ha acusado al Gobierno de decir sólo lo que no será el Brexit. Emily Thornberry:
“Lo que no nos han dicho es lo que van a hacer. ¿Cuándo nos van a explicar cómo van a favorecer el libre comercio para las empresas británicas al tiempo que imponen controles a la inmigración?
Lo único seguro es que se acaba la libre circulación de los ciudadanos europeos y que se abre un periodo de negociación que podría prolongarse dos años. Una incertidumbre que podría pesar en la economía británica, y no sólo en la City.
Laurence Olins, presidente del British Summer Fruits and Winter Berry Company opinó que “sé que hay productores que no pueden crecer porque no quieren arriesgarse a encargar árboles o plantas sin saber si van a tener mano de obra en 2018 y 2019 para recoger sus frutos.”
El campo de los perdedores del referéndum no renuncia a una segunda consulta. Ya se han presentado siete demandas ante la justicia para que sea el Parlamento y no el primer ministro quien active el artículo 50.
Con información de Euronews
