Irene Khan, Relatora Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, envió un documento al régimen venezolano, en febrero, donde expresa gran preocupación sobre el caso de la subasta del diario El Nacional, de Venezuela.
El Político
Se trata de un caso emblemático de atentado contra la libertad de expresión en Venezuela. Pero además, contra la propiedad privada, contra el libre ejercicio de la profesión de periodismo, cometido por el régimen de Nicolás Maduro, contra un medio de comunicación que mantiene una línea informativa de fuerte crítica al régimen.
En contexto
Como se recordará, el medio de comunicación venezolano El Nacional fue objeto de una demanda por difamación, de parte de Diosdado Cabello, vicepresidente del partido de gobierno, Partido socialista Unido de Venezuela – PSUV, en relación con la publicación de una información rebotada del diario ABC de España, donde se señalaba a Diosdado Cabello como vinculado a actividades de narcotráfico.
#30Jun El presidente editor y el abogado del diario El Nacional comparecieron ante la comisión de Medios de la AN de la Alternativa Democrática, donde presentaron un balance y el estatus del caso luego del embargo aplicado en la sede del medio.
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— TVV Noticias (@TVVnoticias) June 30, 2021
Se trató de una acción judicial que estuvo cargada de irregularidades desde un inicio. Dicha demanda exigía al medio de comunicación una indemnización multimillonaria, imposible de honrar por parte de los dueños del medio de comunicación, de corte opositor
La querella judicial terminó en un irregular embargo del inmueble y una posterior subasta, también cargada de irregularidades, como pantalla para apropiarse de la sede física del diario El Nacional, como de hecho sucedió.
A continuación extractos de la comunicación:
"Mandato de la Relatora Especial sobre la promoción
y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión
Ref.: AL VEN 2/2022
(por favor, utilice esta referencia en su respuesta)
11 de febrero de 2022
Excelencia,
Tengo el honor de dirigirme a Usted, en mi calidad de Relatora Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, de conformidad con la resolución 43/4 del Consejo de Derechos Humanos.
En este contexto, quisiera señalar a la atención urgente del Gobierno de Su Excelencia, la información que he recibido sobre la demanda de difamación y la subasta del medio de comunicación El Nacional, en reacción con sus informes críticos sobre el gobierno".
Según la información recibida:
El 11 de agosto de 2015, el vicepresidente del partido gobernante, actual diputado y expresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, habría presentado una demanda civil por daño moral y difamación contra la sociedad mercantil Editora El Nacional C.A., propietaria de El Nacional, un medio de comunicación crítico del gobierno. Dicha demanda fue presentada luego de que el periódico publicara un artículo sobre él, originalmente escrito por un periódico extranjero en mayo de 2015, en el que se indicaba que el diputado sería objeto de una investigación en Estados Unidos por supuesta asociación a redes de narcotráfico.
(…)
El 22 de julio de 2021, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia habría rechazado una solicitud de la sociedad propietaria de El Nacional de revisar la cantidad fijada como indemnización por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia. El 27 de enero de 2022 el Tribunal Tercero de Primera Instancia Civil, Mercantil, de Tránsito y Bancario del Área Metropolitana de Caracas, en audiencia de remate judicial, adjudicó directamente al diputado, la sede de El Nacional y el terreno donde esta se erige. La medida se habría ejecutado de forma irregular, al no informarse públicamente “el día, hora y monto mínimo para que los interesados hicieran sus ofertas”, en supuesta violación de las reglas procesales que exige la ley. El representante judicial de la sociedad propietaria de El Nacional afirmó no haber sido informado. El 7 de febrero de 2022, un tribunal entregó la sede del periódico al diputado que inició la demanda por difamación.
Sin prejuzgar de antemano la exactitud de los hechos presentados, expreso mi profunda preocupación ante las alegaciones arribas mencionadas. Me preocupa profundamente que la demanda de difamación, el carácter aparentemente desproporcionado de la indemnización y la adjudicación de la sede de El Nacional, parecerían estar directamente relacionadas con la labor periodística del medio de comunicación, y sus reportajes críticos del gobierno. Me preocupa asimismo que la cantidad a pagar como indemnización por la sociedad propietaria del periódico, por su aparente desproporcionalidad, haya hecho imposible el pago de la misma, con el resultado de forzar el embargo de la sede del periódico, afectando gravemente la continuidad de labor periodística. En particular, la indemnización impuesta al periódico, que resultó en su cierre, no parece haber cumplido con los estrictos requisitos de necesidad y proporcionalidad para perseguir un objetivo legítimo estrictamente definido, como se establece en el artículo 19 (3) del PIDCP, ni tampoco con los requisitos normativos locales, afectando el derecho al debido proceso judicial. Es sumamente preocupante que la sede de El Nacional haya sido finalmente adjudicada al mismo diputado que había iniciado la demanda, en supuesta violación de normas de publicidad y debido proceso.
(…)
Es mi responsabilidad, de acuerdo con el mandato que me ha sido otorgado por el Consejo de Derechos Humanos, intentar clarificar las alegaciones llevadas a mi atención. En este sentido, estaría muy agradecida de tener su cooperación y sus observaciones sobre los asuntos siguientes:
1. Sírvase proporcionar cualquier información adicional y/o comentario que pueda tener sobre las alegaciones mencionadas.
2. Sírvase proporcionar información sobre el fundamento fáctico y jurídico de la sentencia contra el diario El Nacional y cómo esta decisión cumple con las obligaciones de la República Bolivariana de Venezuela bajo el derecho internacional de los derechos humanos.
3. Sírvase proporcionar información sobre cómo la subasta del periódico y su correspondiente adjudicación al individuo que había iniciado contra el periódico cumple con las normas internacionales relacionadas con la libertad de expresión.
(…)
A la espera de su respuesta, quisiera instar al Gobierno de su Excelencia a que adopte todas las medidas necesarias para proteger los derechos y las libertades de la(s) persona(s) mencionada(s) e investigar, procesar e imponer las sanciones adecuadas a cualquier persona responsable de las violaciones alegadas. Quisiera asimismo instarle a que tome las medidas efectivas para evitar que tales hechos, de haber ocurrido, se repitan.
(…)
Acepte, Excelencia, la expresión de mi más distinguida consideración.
Irene Khan
Relatora Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión."
Hoy he solicitado a la Subcomisión de DDHH del Parlamento Europeo que se pronuncie ante el caso del allanamiento armado contra las instalaciones del diario venezolano El Nacional @ElNacionalWeb pic.twitter.com/xIhKy57trq
— Leopoldo López Gil (@LeopoldoLopezG) May 20, 2021
#27May #InformarNoEsDelito
El presidente Editor del diario El Nacional Miguel Henrique Otero @miguelhotero, aseguró que llevará caso del diario a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. pic.twitter.com/WIgjs9X0Xt— Reporte Ya (@ReporteYa) May 27, 2021
