“Lo que más me impactó de la ciudad fueron los edificios y los carros. También estuve en una peluquería, supe lo que era tinturarse el cabello y pintarse las uñas. Esos detalles me hicieron pensar que estaba perdiendo mi vida en el monte”.
Aunque pueden parecer comodidades básicas para la mayoría de los colombianos urbanos, para Andrea López* fueron señales de que el mundo no se limitaba a cumplir las órdenes de sus mandos superiores en las Farc.
“Yo ingresé cuando tenía 10 años y quería ayudarle a mi mamá con el restaurante que tenía. Es que donde yo vivía, la vereda La Cristalina –en Caquetá–, no había Estado, ni escuelas, ni parques, ni hospitales y yo veía que la gente de las Farc siempre estaba ahí y tenían dinero”, cuenta Andrea, quien tras ser reclutada fue sometida a entrenamientos y clases sobre la visión política guerrillera.
Luego vinieron los patrullajes, los combates y las labores de inteligencia en pueblos cercanos. Esa preparación la llevó en marzo de 2008 a Neiva donde permaneció 8 meses hasta que en octubre de ese año decidió entregarse al Ejército en el batallón de artillería de Tenerife.
La historia de Andrea contrasta con las de los menores que las Farc irán entregando a partir de este sábado al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y dos delegados de organizaciones sociales de la Mesa Técnica (liderada por la Defensoría del Pueblo y la Consejería de Derechos Humanos de la Presidencia de la República).
El desafío mayor será el de reintegrar a estos menores a la vida civil.
Vencer miedos, un reto de la vida civil
Según las cifras de un informe reciente de la Fiscalía, el primer reclutamiento forzado realizado por las Farc fue el de Enrique Ríos, alias Víctor, de 17 años, en la Uribe Meta. El menor ingresó al frente 16 comandado por Manuel Marulanda Vélez. Así mismo, la primera mujer reclutada fue Olga Flórez, de 16 años, en mayo de 1979, en Laureles (Huila).
Desde 1975 esta guerrilla reclutó a 11.556 menores. Eso equivale a llenar todo el aforo completo del estadio de Techo de Bogotá o la tercera parte del Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá. Para la Fiscalía esta práctica se volvió sistemática en muchas regiones del país.
“Entre más tiempo este uno en el grupo es más difícil adaptarse a un trabajo o relacionarse con los demás”, explica Andrea.
Los menores de edad reclutados por los grupos armados ilegales quedan a disposición del Instituto de Bienestar familiar (ICBF), entidad que hace un proceso de restablecimiento de derechos y les brinda cuidados hasta que cumplan la mayoría de edad. Cuando cumplen 18 años ingresan al programa de reinserción en la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR) que tarda hasta ocho años.
“En ese proceso uno recibe atención psicosocial para saber cómo comportarse en los trabajos, manejar horarios o controlar el estrés. Por el problema es que uno en la guerrilla aprende a ser muy disciplinado y a cumplir órdenes, pero en la vida civil hay libertad. Eso te puede enloquecer, es como cuando un preso sale libre: quiere hacerlo todo”, dice Andrea.
En total desde 2003 49.155 personas han ingresado al proceso de reintegración en la ACR de los 57.996 desmovilizados registrados de los grupos armados ilegales.
Sin embargo, una vez en la vida civil viene acompañada del peso del pasado que se refleja en el miedo a ser juzgado o señalado como exmiembro de una organización armada.
“Con el tiempo uno va logrando superar eso, uno va dándose cuenta que la gente no lo señala a uno y controla esa inseguridad”, cuenta Andrea.
En el acuerdo firmado por el gobierno y las Farc se especifica que los menores no tendrán protocolos de salida de los campamentos de esa guerrilla. No obstante, los responsables del reclutamiento de menores violarían el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional en el que establece que es un crimen de guerra “reclutar o alistar a niños menores de 15 años en las fuerzas armadas nacionales o utilizarlos para participar activamente en las hostilidades”.
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Según la Defensoría del Pueblo el reclutamiento se presenta cuando “hay un empleo de la fuerza, o la violencia, amenazas directas al menor o a la familia y engaño”. En este último ítem los reclutadores los convencen de hacer labores especificas e incluso se les induce al consumo de sustancias psicoactivas.
Por otro lado, los menores no solo cumplen labores de combatiente, también eran empleados para extorsionar e su incumplir las normas de la guerrilla les acarreaban duras penas.
Por otro lado, la Fiscalía ha documentado 151 casos de mujeres que fueron sometidas a sometidas a prácticas como violaciones, esclavitud sexual, abortos y planificación forzada, secuestros y torturas.
En la actualidad se han registrado 2.000 víctimas de abusos sexuales cometidos por los paramilitares, pero en cuanto a las Farc todavía no se ha determinado su magnitud y a cuántas menores de edad incluyen.
Con información de El Tiempo
