Un tribunal salvadoreño revocó este martes la detención provisional del ex fiscal general Luis Martínez (2012-2015) por el delito de divulgación de material reservado y ordenó el reinicio del proceso porque en sus comienzos careció de "elementos indiciarios".
Según los miembros de la Cámara Primero de lo Penal de El Salvador, la resolución de la jueza que llevó el caso no tenía los elementos o indicios suficientes que "sustenten la detención provisional", en la que permanece Martínez desde el pasado 30 de agosto, y el paso a la etapa de instrucción.
Un tribunal de Paz deberá ahora citar a Martínez para que comparezca de nuevo en una audiencia inicial, detalló la fuente.
El ex fiscal general quedará en libertad cuando la medida sea notificada a la División Antinarcóticos de San Salvador, donde se encuentra recluido.
Pese a la decisión judicial, Martínez no quedará plenamente libre debido a que en otro proceso por delitos de corrupción le fue impuesta la libertad condicional el pasado 28 de septiembre.
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El exfiscal deberá ahora presentarse cada 30 días al Juzgado Séptimo de Instrucción, no salir del país ni cambiar de domicilio.
Supuestamente, mientras estuvo en el cargo, Martínez usó conversaciones privadas e íntimas del sacerdote español Antonio Rodríguez durante un proceso legal que se siguió en su contra por el papel de intermediario que desempeñó entre el Gobierno del país y las pandillas en el 2014 durante un armisticio de estas estructuras.
Dichas conversaciones fueron, según el religioso, utilizadas para obligarlo a confesar delitos en su mediación entre pandillas y autoridades, presiones por las que inclusive tuvo que dejar el país un tiempo.
Las mismas fueron reveladas a líderes de clero salvadoreño y al representante del papa en El Salvador y filtradas a medios de comunicación locales.
Martínez fue detenido el 22 de agosto por supuestamente cometer fraude procesal para favorecer al empresario Enrique Rais, que también es imputado.
Por otra parte, el exjefe de la Fiscalía fue multado en julio por los magistrados del Tribunal de Ética Gubernamental (TEG), con el pago de 8.964 dólares, por violación de la ley al "aceptar dádivas a cambio de favorecer a Rais".
Con información de EFE
