El F.B.I. a través del agente Michael Lewansowsli, de la Unidad Internacional en la lucha contra la corrupción, declaro ante el juez Robert Levy, de la Corte del Distrito Este de New York, explicando la supuesta participación de los hermanos Luis Enrique y de Ricardo Alberto Martinelli, hijos del ex-presidente Ricardo Martinelli, en la corrupción patrocinada por la compañía brasileña ODEBRECHT.
El Político
En su intervención estableció que los hechos investigados por su departamento, con la colaboración de otras entidades investigativas nacionales e internacionales indicaban «causa probable» y que por eso el arresto de los Martinelli, efectuado en Guatemala, era justificado y la solicitud de extradición también, reportó Primer Informe.
El agente Lewansowski procedió a explicar que los hermanos Martinelli abrieron cuentas en Suiza con el propósito de recibir pagos ilegales de ODEBRECHT, girados a nombre de empresas creadas para tal fin y ubicadas «off-shore», con ellos dos como intermediarios directos. Utilizaron instituciones financieras estadounidenses y por hacerlo terminaron, como decimos en Panama, «jodidos».
En el caso también están representados fiscales norteamericanos para el Distrito Este de New York y abogados de la sección de Fraudes de la División Criminal de la Sección de Activos y Recuperación de Activos de la División Criminal. Quien quiera que examine los detalles del «indictment», (acusación formal) se percatará de que desde hace años les estaban siguiendo los movimientos. Si no los arrestaron antes fue para recoger mas información incriminatoria y descubrir a sus otros cómplices y asociados en el delito.
Como el caso luce demoledor, los hijos del ex-presidente desearon de repente volver a Panamá, COVID-19 o no.
¿Cómo es posible que los mismos hechos que sirven para acusarlos con seguridad ante una corte de Estados Unidos no pueden ser interpretados y utilizados de igual manera en la Republica de Panamá? Quizás la respuesta es corrupción, corrupción, corrupción y billete, billete, billete. El apuro de ir a Panamá ¿era por la garantía de que se podría comprar su seguridad en nuestro territorio, a pesar de la cantidad existente de evidencia inculpatoria? (está en el diccionario de la Real Academia Española, no jodan).
¿Y quién les soplo sobre la acusación que venia desde Brooklyn? ¿Coincidencia?
Lo importante ahora es ver qué hará Guatemala. El argumento esgrimido por algunos sobre la inmunidad que confiere el Parlacen es algo que no me convence.
Primero, no le sirvió al padre de las criaturas para zafarse de la extradición, a pesar de haber sido juramentado y haber aceptado su cargo.
Segundo, la prole no había sido juramentada, no habían tomado posesión del cargo y algo quizás importante, ellos fueron electos como suplentes y el que ocupa el cargo no lo había abandonado al momento de la detención. Hay quienes creen que Guatemala no se atrevería a desairar una solicitud hecha por Estados Unidos. No estoy tan seguro, especialmente, por la cantidad de quetzales que esperan levantar vuelo tan pronto se transformen los dólares que a esta hora deben ya haber emprendido una desaforada carrera para introducirse en los corruptos bolsillos de siempre. El peligro ahora es que escapen y aparezcan en Panamá, desde donde no podrían ser extraditados. ¿Qué haría al respecto nuestro presidente con este nuevo bollo de dinamita?.
Recuerdo el caso de tres políticos salvadorenos, uno de ellos, Eduardo D’Aubisson, senador e hijo del criminal Roberto D’Aubisson, quienes viajaron por carretera, el 17 de Febrero del 2007, de El Salvador a Guatemala, para asistir a una reunión política. Una vez atravesaron la frontera, unidades guatemaltecas enviadas para escoltarlos procedieron a asesinarlos, no sé por cuál motivo. Los policías culpables del hecho fueron arrestados y enviados a la prision de máxima seguridad de «El Boqueron» donde, bajo condiciones contradictorias, fueron asesinados en sus celdas.
Ese episodio me dejó, como diría un argentino amigo mío, anonadado. Moraleja: cualquier cosa puede pasar en Guatemala.
La otra pregunta: ¿quién ordenó y concedió el «salvoconducto humanitario» permitiendo la entrada a Panamá a estas personas? No culpemos al Cónsul de Miami. Lo defiendo, no por ser colega musical, sino porque un Consulado expide pasaportes cuando los papeles de un ciudadano panameño están en regla y no decide quién entra al país o no. Eso le corresponde a la autoridad de la Cancillería. No sé si ese punto ya ha sido aclarado. Cualquiera que tenga la información correcta, por favor me lo indica, para comentarlo más adelante. Gracias!
Rubén Blades
Fuente: Primer Informe
