La presión del PP y Ciudadanos para hacer posible la investidura de Mariano Rajoy con la abstención del PSOE no hizo mella en Pedro Sánchez. El secretario general de los socialistas mantendrá la posición de su partido pese a las tensiones externas, y también internas, partidarias de que el PSOE permita que Rajoy sea investido. Sánchez considera que los casos de corrupción que protagoniza el PP le arman de argumentos frente al acuerdo con Albert Rivera.
La esperanza que mantienen en el PP de que los 85 diputados del PSOE puedan variar su voto entre la primera y segunda votación de investidura de Mariano Rajoy no se cumplirá. Pedro Sánchez se lo recordará al presidente del PP en su reunión de hoy y no variará un ápice las líneas centrales de su intervención el miércoles en el Parlamento. Es más, su intención es analizar el pacto que ayer firmaron el PP y Ciudadanos. A juicio de Sánchez, será “continuista” y “conservador”.
El PP estaría de acuerdo con al menos la mitad de las medidas que el PSOE y Ciudadanos acordaron en febrero y que valieron el apoyo del partido de Rivera a la investidura fallida de Sánchez. Al menos, esto es lo que se desprende de las palabras del líder de Ciudadanos. El dirigente del PSOE considera, en cambio, que su antiguo socio ha hecho concesiones en las negociaciones.
La consecuencia es que habría descafeinado la regeneración del sistema en puntales como la lucha contra la corrupción política —limitada a los casos de enriquecimiento ilícito y la financiación ilegal de partidos políticos—. el mantenimiento de las Diputaciones, cuya supresión exigió Ciudadanos —su portavoz parlamentario, Juan Carlos Girauta, las tildó la semana pasada de “pesebres”— al PSOE y al PP, con el compromiso de recortar mil millones de euros en la Administración y empresas públicas, sin concretar, es otro ejemplo utilizado como paso atrás en la dirección del PSOE. Integrantes de la ejecutiva consideran, ante las semejanzas entre los pactos que el PP y el PSOE suscribieron con Ciudadanos, que los populares habríaa cedido en algunos puntos, conscientes de la dificultad de Rajoy de ser investido presidente esta semana. De esta manera tratarían, al menos, de incrementar la presión sobre los socialistas.
Otra cosa es lo que suceda a partir del viernes, si fracasa la segunda votación a Rajoy para ser investido. Los partidarios y críticos de Sánchez coinciden en que el escenario político cambiará a partir de ese día. También en que exigirá variaciones en el discurso que el PSOE mantiene, aunque lo complique la cercanía de las elecciones autonómicas gallegas y vascas del 25 de septiembre.
El presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, entiende que el fracaso de Rajoy abriría una “reflexión y debate” que, en el caso del PSOE, se resolvería en un comité federal. “Tenemos el mes de septiembre para ese proceso de reflexión, debate y conclusiones”, expresó. Los estatutos del PSOE marcan que el máximo órgano de control socialista entre congresos puede ser convocado de forma extraordinaria por la ejecutiva o por un tercio de los 295 miembros del comité federal. A falta de que se haga una petición formal, los líderes territoriales, altos cargos y cuadros medios consultados dan por sentado que se celebrará. Pero no antes de los comicios de Galicia y País Vasco. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, también ha planteado el comité federal, pero no antes de finales de septiembre.
El PSOE aprobó por unanimidad en su último comité federal, el pasado 9 de julio,el no a Rajoy. Eso sí, no se evidenció en una resolución por escrito. El único dirigente importante que hasta ahora se ha manifestado a favor de la abstención, que permitiera “con condiciones” la investidura de Rajoy y acabara con los ocho meses de interinidad del presidente en funciones, ha sido Guillermo Fernández Vara. “Si Rajoy se presenta con 170 escaños, ¿quién es el guapo que dice no?”, planteó el presidente de Extremadura hace más de un mes, dando la cifra justa de los apoyos con los que Rajoy acudirá esta semana a las Cortes (los 137 diputados del PP, los 32 de Ciudadanos y la representante de Coalición Canaria).
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Con información de El País