El juez Miguel Ángel Gálvez dijo hoy que hay indicios de financiación ilícita electoral en la trama de corrupción en la que están implicadas unas 57 personas, entre ellas el expresidente Otto Pérez Molina, acusadas de saquear millones al erario público de Guatemala.
"Se constituyeron empresas para captar dinero para la financiación del Partido Patriota y en algunos casos las personas particulares se excedieron en el diez por ciento permitido por la ley", aseguró el presidente del Tribunal B de Mayor Riesgo durante el tercer día de lectura de su resolución.
Con base en las pruebas presentadas por el Ministerio Público (MP-Fiscalía) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) se observa que los fondos se depositaron en las cuentas oficiales del partido sin declararlos al Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Es por ello, arguyó, que también se cometió el delito de lavado de dinero "al utilizar las empresas de fachada para ocultar el origen del dinero", aunque, añadió, en Guatemala "lamentablemente" es así.
Las recaudaciones, concluyó Gálvez, se canalizaron a través de Juan Carlos Monzón, ex secretario privado de Baldetti, y una parte se depositó en las cuentas del partido a través del contador Víctor Hugo Hernández, con el conocimiento de Pérez Molina y la ex vicepresidenta.
Entre las aportaciones, dijo Gálvez, aparece un aporte de 1,5 millones de dólares de República Dominicana hacia la campaña del partido que al juez le "llamó poderosamente la atención".
Además de esta financiación, que no se hizo de manera transparente porque las empresas no recogieron a través de un acta que iban a dar ese dinero, Gálvez se cuestionó cómo una vicepresidenta, con un salario mensual medio de 100.000 quetzales (más de 13.000 dólares) se podía comprar una avioneta.
"¿Me pueden justificar esos gastos?", cuestionó retóricamente el juez, y agregó, mientras continuaba analizando las pruebas presentadas por la acusación, que "las cosas van coincidiendo".
Según las investigaciones, la estructura, supuestamente liderada por Pérez Molina y Baldetti, buscaba gente necesitada de dinero y vulnerable para que fuese representante legal de las sociedades anónimas y empresas creadas a cambio de un pago mensual de 1.000 quetzales (unos 132 dólares).
La estructura criminal está acusada, en principio, de haber saqueado al Estado de Guatemala más de 500 millones de quetzales (65,9 millones de dólares) a través del cobro de comisiones por al menos 450 contratos otorgados a empresarios y financistas.
El juez tiene que decidir si existen suficiente indicios como para procesar o no a los 57 acusados de saquear las arcas públicas del Estado entre 2012-2015.
