Esta semana el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Zeid Ra’ad Al Hussein, habló fuerte y claro: “En Venezuela ha habido un claro patrón de uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes. Miles han sido detenidos arbitrariamente, muchos han sido víctimas de malos tratos y tortura”.
Los malos tratos no se refieren solo a agresiones físicas o psicológicas, sino también a las condiciones infrahumanas en las que los detenidos deben esperar por un proceso judicial enlentecido adrede, denuncian abogados del Funpaz, Foro Penal y Fundeci.
Desde abril han sido detenidas más de 5.000 personas en el contexto de las protestas, de las cuales más de 1.300 siguen tras las rejas, esperando audiencia preliminar o la admisión de los fiadores impuestos por los tribunales. Sin acceso a agua potable, expuestos a enfermedades, hacinados y durmiendo junto a delincuentes comunes, pasan los días, las semanas y los meses de los presos por protestar.
La enfermedad. Alfredo Romero, del Foro Penal, aseguró que la exposición de los detenidos a las enfermedades forma parte del esquema de agresión del Estado. Explicó que en el Helicoide la persona recién detenida llega directo a ‘la preventiva’, un área de condiciones “infames y hacinamiento”. Allí se encuentra Ángel Zerpa, nombrado magistrado del TSJ por el Parlamento el 21 de julio. “Él está en huelga de hambre, preso junto a dos personas en un baño que era usado para la visita conyugal, en unas condiciones de suciedad terribles e incomunicado”.
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