A partir de septiembre el Bitcoin será de curso legal en El Salvador. La decisión, aprobada por el Parlamento a principios de junio, ha sido cuestionada desde diversos sectores. Recientemente, Estados Unidos recomendó al gobierno de Nayib Bukele regular el uso de la criptomoneda en el país.
El Político
"Un país atrapado en un sistema monetario loco (dolarización), se mueve hacia un sistema aún más loco al convertir el bitcoin en moneda de curso legal. Incluso el segundo mejor teorema no me ayuda a pensar en cómo esto podría terminar bien", dijo al respecto el economista de Harvard Dani Rodrik, en un tuit citado por Deutsche Welle.
Por su parte, el politólogo y experto en Centroamérica Christian Ambrosius, de la Universidad Libre de Berlín, en entrevista con el medio alemán llamó la atención sobre el hecho de que Bukele se haya dirigido principalmente a los inversionistas en sus declaraciones; en lugar de explicar sobre la ley en su propio país.
Expertos cuestionan los beneficios para El Salvador
Para convencer sobre las ventajas de la adopción del Bitcoin como moneda de curso legal se mencionan dos beneficios: mejor acceso a sistemas de pago para los más pobres y poco bancarizados; y cero comisiones cuando los salvadoreños en el extranjero transfieren dinero a su país.
Para Ambrosius, experto consultado por DW, ambos argumentos son fabricados e insostenibles. "Cualquiera que quiera enviar bitcoins puede hacerlo ahora mismo. No requiere un permiso del gobierno", dijo. Además, señala que para realizar el envío muchos inmigrantes tendrían que cambiar primero su dinero por Bitcoins, lo que implicaría incurrir en costos de transacción.
Estar autorizado u obligado a utilizar Bitcoins no es lo mismo que estar incluido en el sistema financiero, subraya Ambrosius. "La inclusión financiera, el acceso a los servicios financieros, significa contar con opciones de ahorro fiables; acceso a crédito en términos razonables, y acceso a seguros u otros productos financieros". Sin embargo, debido a las grandes fluctuaciones, el uso de Bitcoin es, en última instancia, una apuesta: "Y ahí es donde los pobres tienden a estar en desventaja porque no tienen las mismas opciones para repartir su riesgo. Vender eso como inclusión financiera es cínico", subraya el experto.
El Salvador, ¿un paraíso del lavado de dinero?
Ambrosius subraya que la gran interrogante de la población es lo que espera conseguir Bukele con la introducción del Bitcoin a su país. Según este experto, ningún economista serio considera buena idea la medida por la volatilidad de la criptomoneda además de que el país ya está dolarizado.
Desde principios de 2001 el dólar estadounidense es la moneda oficial de El Salvador. Su introducción en ese entonces fue similar a la de Bitcoin en la actualidad, recuerda DW. Se describió como un camino hacia la prosperidad y la riqueza. Veinte años después, El Salvador sigue siendo uno de los países más pobres del hemisferio.
Dado que el país ya está utilizando una moneda extranjera, "añadir ahora una segunda moneda, sobre la que tampoco se tiene control, pero que es mucho más volátil, no es una razón especialmente comprensible en términos de estabilidad monetaria", destaca Ambrosius. Este especialista estima que Bukele ve un nicho de mercado para que su país sea atractivo para los inversionistas de Bitcoin.
Falta de transparencia
Las transacciones en Bitcoins son una forma de "evadir el control sobre las propias transacciones financieras", dice Ambrosius. El experto se refiere a las tendencias antidemocráticas y autoritarias de Bukele. El gobierno decidió a principios de junio poner fin a su cooperación con los agentes investigadores de casos de corrupción de la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES).
Y hace unos días, el gobierno de Estados Unidos publicó la llamada "Lista Engel"; una lista de funcionarios centroamericanos a los que Washington acusa de corrupción, obstrucción a la justicia o debilitamiento de la democracia. En ella figuran Carolina Recinos, la jefa de gabinete de Bukele; Conan Castro, actual secretario jurídico del presidente; Rolando Castro, su ministro de trabajo; y Rogelio Rivas, exministro de Seguridad del actual gobierno.
Para Ambrosius, la transparencia es quizás el mayor problema. Señala que todo se hace a puerta cerrada y por decisión de un hombre que ya ha dado un gran giro al sistema político del país en sus dos primeros años en el poder. Incluso el Banco Mundial se muestra escéptico, destacó.
En general, no está clara la aplicación exacta, y tampoco si El Salvador será técnicamente capaz de hacerlo. Recientemente, Bukele declaró que el uso de Bitcoin no será obligatorio.
Muchas cosas siguen sin esclarecerse, puntualiza Ambrosius; quien se mostró escéptico sobre el futuro. "Legalizar el Bitcoin tiene consecuencias de gran alcance y cambiará radicalmente el país, de forma indefinida. Es un gran experimento en el que los salvadoreños son los conejillos de indias y nadie sabe exactamente cuál será el resultado final".
