Con la intención de reducir las condenas de delitos graves, un exintegrante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) busca reformar la Constitución de ese país.
El Político
Esto mientras el Congreso de Colombia lo que ha buscado en los últimos meses ha sido lo opuesto: endurecer condenas.
Han buscado endurecer las condenas en crímenes concernientes a la integridad sexual de los menores y también el feminicidio.
Reporta Semana que el Partido Comunes, de los excombatientes de las Farc, acaba de radicar una reforma constitucional que terminaría por bajar drásticamente el castigo que se aplica a quienes incurran en estas faltas.
La modificación está contenida en el acto legislativo 08 de 2022, radicado en las últimas horas por el Partido Comunes, en el que se busca modificar la Constitución para poner un límite a la detención preventiva, con el fin de que miles de presos no pasen años a la espera de que se resuelva su situación.
Y a renglón seguido suelta la perla: “Ninguna persona podrá condenar a pena privativa intramural de la libertad superior a 20 años”.
Esto de entrada implicaría, en caso de aprobarse esta reforma, disminuir en más de la mitad las penas de graves delitos como la violación y asesinato de niños, el feminicidio y los ataques con ácido, entre otros.
Hoy en día quien cometa un feminicidio y vencido en juicio puede sometido a una pena de prisión de hasta 40 años si cumple alguna de las llamadas circunstancias de agravación punitiva, es decir, aquellas conductas que hacen más delicada la comisión del delito, según indica la Ley 1761 de 2015 (Ley Rosa Elvira Cely).
¿Beneficios jurídicos?
Para el caso de la violación y asesinato de menores, según establece el artículo 211A del Código Penal, las penas pueden llegar incluso a superar los 40 años de prisión, como ocurrió, por ejemplo, con Rafael Uribe Noguera, quien paga una pena de 58 años de cárcel por la violación y asesinato de la niña Yuliana Samboní.
Cabe aclarar que este tipo de delitos, como el abuso de menores y el feminicidio, según establece el Código Penal, hoy en día no tienen beneficios jurídicos, más allá de aquellos relacionados con la redención de la pena por trabajo y estudio y por colaboración con la justicia.
Pero la reforma planteada por los ex-Farc va aún más allá, pues “deroga el artículo 37″ del Código Penal, que es aquel que establece que “la pena de prisión para los tipos penales tendrá una duración máxima de 60 años”.
Es decir, disminuye el tiempo máximo de pena de 60 años que está actualmente a 20 años, como propone la reforma.
Fuente: Semana
