El Senado chileno aprobó por 25 votos a favor, 2 en contra (El PS Carlos Montes y el PPD Felipe Harboe) y 9 abstenciones, la norma que asegura la elección mediante voto universal de los gobernadores regionales establecidos en la reforma de descentralización impulsada por el gobierno.
El Senado aprobó los primeros incisos del artículo 111 que son los que aseguran en términos generales el establecimiento de un gobierno regional, de un gobernador, de un consejo regional, sus funciones y atribuciones, además del sistema de elección universal y con un quórum del 40%. También se aprobó el inciso primero del artíciulo 115 que crea la figura de un delegado presidencial. La jornada fue larga y compleja. Por momentos, el debate subió de tono y atizó los ánimos.
Dio espacio, por ejemplo, para un duro intercambio de palabras entre los senadores Jorge Pizarro (DC) y Ricardo Lagos Weber (PPD). Tras una enérgica intervención en la que advirtió los “costos y efectos políticos” ante la posibilidad de que la iniciativa fuera rechazada por legisladores de la Nueva Mayoría, el ex timonel DC emplazó directamente al presidente de la corporación, opositor al proyecto.
“Me estaba dirigiendo a usted”, le dijo Pizarro a Lagos Weber. Este último le respondió, con molestia, que “me habría gustado el mismo compromiso en materia de interrupción del embarazo, de la reforma laboral, de la reforma educacional, etcétera”, aludiendo a los reparos de la DC a esas materias. “No venga acá con chanchullos, ni publicidad engañosa, ni a tratar de embolinar la perdiz”, retrucó Pizarro.
La discusión reflejó no sólo el estado de la Nueva Mayoría, sino que también la conflictiva división que existe en el oficialismo frente al proyecto del Ejecutivo. Ese escenario provocó que La Moneda transmitiera a algunos senadores de su coalición, en las horas previas, dos mensajes distintos -dependiendo de los destinatarios- con el objetivo de lograr los 22 apoyos necesarios para sacar adelante la reforma.
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En diversas conversaciones realizadas entre el martes y el miércoles en el Congreso, los ministros Mario Fernández (Interior), Marcelo Díaz (Segegob) y Nicolás Eyzaguirre (Segpres) abordaron con los parlamentarios la fecha en la que entrará en vigencia la normativa. Un grupo de la Nueva Mayoría -principalmente la DC- apuesta a que rija en 2017, mientras que otro sector -liderado por el PPD- busca aplazarla para 2020.
Así, los secretarios de Estado han transmitido al primer grupo que la voluntad es mantener la elección para el próximo año. Sin embargo, al segundo sector les comunicaron que eso está abierto a discusión. Esa alternativa fue informada a dos senadores PPD que mantuvieron hasta último momento sus críticas al proyecto: Lagos Weber y Jaime Quintana. Al primero, en una reunión sostenida a las 16.00, en la que participaron Fernández, Díaz y Eyzaguirre. Y al segundo, en un encuentro a solas con el jefe de gabinete. Previamente, había sido esbozada por primera vez la noche anterior. Y fue transmitida también al senador PPD Guido Girardi.
La estrategia fue asegurar los 22 apoyos necesarios y evitar una pérdida de respaldo en alguno de esos dos sectores. Todo esto, bajando la presión por aplicar la norma en 2017 y optando por separar de la reforma que se votó la discusión sobre la fecha de entrada en vigencia. Esto, a diferencia de hace algunas semanas, en las que La Moneda recalcó en las conversaciones que esto debía comenzar en 2017. Exteriorizando parte de ese diseño, Fernández dijo que “el gobierno sigue con esa convicción, pero eso es un tema de otro proyecto de ley”. Díaz, en tanto, agregó: “No es eso lo que está en discusión hoy”.
Conscientes de ese escenario, desde la DC explican que la jugada de La Moneda era, justamente, asegurar los votos, y que, de todas maneras, deberá mantenerse el plan de implementar los comicios en 2017. En ese sentido, si el Ejecutivo aplaza la entrada en vigencia, la DC habría retirado sus votos. Así, por ejemplo, Fernández se reunió por tercera vez este miércoles con Pedro Araya (ind.-DC), con quien firmó un acuerdo comprometiendo su voto y, a cambio, entregándoles mayores facultades a los intendentes y otros perfeccionamientos. A Araya, en efecto, no se le comunicó que existe la alternativa de aplazar la entrada en vigencia, ya que ese senador es partidario de implementarla inmediatamente el próximo año.
Esa alternativa nunca quedó por escrito, como lo solicitaba el PPD. De hecho, la fecha nunca ha estado incluida en la reforma que se votó, sino que debe ser abordada en una Ley Orgánica Constitucional que aún no ha ingresado al Congreso, por lo que el mensaje entregado fue que ese punto podrá ser conversado en los próximos días, con la condición de que los legisladores entregaran sus votos para aprobar la elección democrática de los jefes regionales. “Una reforma constitucional tiene que preceder a leyes orgánicas. No se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo. Por tanto, hoy no estamos determinando la forma, el modo y fecha de la elección del gobernador regional. Estamos modificando la Constitución para que pueda ser elegido”, dijo Eyzaguirre.
Con información de La Tercera
