A través de una exhaustiva investigación, se pudo determinar la responsabilidad del ex presidente de Pdvsa, Rafael Ramírez, en la crisis eléctrica que actualmente azota a Venezuela y en las negociaciones para vender el oro depositado en el Banco Central, que hoy sigue liquidando (de manera indiscriminada) el régimen de Nicolás Maduro, según difundió PrimerInforme
El Político
La responsabilidad de Rafael Ramírez va mucho más allá, pues en los documentos a los que tuvo acceso Primer Informe se comprueba la intermediación de este personaje en la transferencia de enormes montos de la riqueza petrolera a Cuba.
Los inmisericordes apagones de los que ha sido víctima la población venezolana han puesto nuevamente sobre el tapete el tema del desastre eléctrico en Venezuela. El sexto apagón masivo que sufrió Venezuela, ocurrido el pasado 22 de julio, colocó sobre el tapete (nuevamente) a los responsables no sólo de la crisis eléctrica en el país, a los culpables de la explotación descontrolada del oro y de la transferencia de importantes recursos financieros a Cuba, en operaciones desconocidas hasta ahora.
De acuerdo con los documentos inéditos a los que tuvo acceso Primer Informe, Rafael Ramírez Carreño, figura como el primer responsable, pues desde julio de 2002 fue ministro de Energía y Minas. Esta cartera se llamó posteriormente Ministerio de Energía y Petróleo (en enero de 2005), y Ramírez fue su presidente. Simultáneamente fue designado presidente de la estatal Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), de 2004 a septiembre de 2014. Bajo su conducción, la industria contó con los precios más altos en la historia venezolana. Además de esto, durante su gestión se produjeron los cambios más importantes en el sistema eléctrico venezolano y al mismo tiempo se iniciaron los planes para el desarrollo de la minería y la producción de oro.
Tras la muerte de Hugo Chávez, Rafael Ramírez fue nombrado embajador de Venezuela en las Naciones Unidas entre 2014 hasta 2017 cuando fue destituido por Nicolás Maduro. Dadas las recurrentes críticas a las políticas de Nicolás Maduro, este funcionario fue lanzado al ostracismo y al exilio. Actualmente, se encuentra en una localidad que no ha sido confirmada. Muchos dicen que reside en Italia.
Se pudo conocer que Ramírez, a partir de 2007, concibió y puso en marcha un complejo y costoso proceso para desmantelar la infraestructura eléctrica basada en la capacidad hidroeléctrica del país, para darle prioridad, en cambio, a una superestructura de plantas termoeléctricas que cambiaron el panorama eléctrico nacional desde entonces.
Entre 2008 y 2015, el gobierno venezolano destinó una cifra sin precedentes de unos $34.000 millones para adquirir equipos y construir la nueva infraestructura a más de dos docenas de empresas nacionales y extranjeras. Este período se desarrolló en 8 años.
De acuerdo con estimaciones independientes, Ramírez fue el encargado de suministrar fondos a gobiernos extranjeros para impulsar modelos similares, lo cual supuso un gasto de unos $6.000 millones.
Una firma de Brasil, tres de China, cuatro de España y una corporación controlada por Cuba, entre otras, figuran entre las empresas que recibieron los cuantiosos fondos. Muchas de esas operaciones se hicieron a través de firmas financieras para mover el dinero a través de la banca internacional.
Durante la gestión de Ramírez como ministro de Petróleo y Energía, se nacionalizaron las empresas privadas del sector eléctrico, según la información suministrada por Transparencia Venezuela.
La compra por US$ 740 millones de La Electricidad de Caracas por parte de PDVSA fue el caso más emblemático de Rafael Ramírez. Esta adquisición dio pie a la creación de Corpoelec. Se evidenciaron corruptelas y grandes fallas en el mantenimiento. En 2009 comenzaron a producirse los apagones de envergadura que llegaron a paralizar a gran parte del país.
El Parlamento venezolano aprobó el informe final de una investigación sobre la caída del sistema eléctrico (Expediente 1648) que concluye que durante la gestión de Ramírez, entre 2004 y 2014, se generó un daño a la nación superior a US$ 11.000 millones. Dicho informe fue aprobado en octubre de 2016.
Caso Andorra
Durante la gestión de Ramírez se registró un caso emblemático, el del funcionario Nervis Villalobos, ingeniero eléctrico, quien comenzó su carrera en Enelven y llegó a ser director general de Energía durante la presidencia de Alí Rodríguez Araque en PDVSA.
Rafael Ramírez lo dejó en el cargo de viceministro de Energía Eléctrica, para que se ocupara de los planes para el incremento de la generación eléctrica y ministro (E) de Energía y Petróleo en ocasión de sus constantes viajes.
Villalobos se desempeñó como “asesor internacional independiente en materia energética” entre los años 2006-2015, tras ser destituido como viceministro de Energía y Minas.
Bajo el cargo de encargado de negocios eléctricos”, Ramírez lo contrató en PDVSA. Este puesto le permitió operar como gestor en la compra de plantas de generación eléctrica.
Numerosas investigaciones adelantadas por Estados Unidos y España revelaron que Villalobos, durante su paso por PDVSA, cobró comisiones millonarias y sobornos por conseguirle a empresas extranjeras licitaciones y contratos con la petrolera venezolana. Este dinero fue blanqueado en una cuenta en el Principado de Andorra.
La investigación en Andorra se inició tras la escandalosa propina de 99.980 euros que fue transferida desde Andorra a un trabajador de un hotel de París, por el grupo de venezolanos conocidos como “grupo Salazar”, en alusión al operador de seguros petroleros Diego Salazar, primo de Rafael Ramírez, del cual formaba parte Villalobos.
Tras haber sido librada una orden de captura por parte de Estados Unidos, Villalobos fue detenido en España en octubre de 2017. A Villalobos se le señaló de participar en un plan de sobornos en PDVSA
En septiembre de 2018 fue procesado por un juzgado en Andorra, por su vinculación con el blanqueo de capitales a través de una red que cobró entre 2007 y 2012 millonarios sobornos a cambio de contratos.
Según la policía del principado de Andorra, VIllalobos movió 124 millones de euros. En octubre de 2018 fue detenido por blanquear 7 millones de dólares que fueron transferidos al Banco de Madrid. Se le incautaron 40 casas de lujo en Marbella (Málaga). A la red le congelaron 115 inmuebles (hoteles, bloques de apartamentos y pisos). Un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Española señala que utilizó sus vínculos con empresas internacionales para lavar 53,4 millones de dólares.
Fuentes relacionadas con la investigación dan cuenta de la participación de Rafael Ramírez en las operaciones de Villalobos. Todas las decisiones pasaban por el despacho del presidente de Pdvsa: Rafael Ramírez Carreño.
Ramírez justifica plan eléctrico
En octubre de 2013, Rafael Ramírez era el vicepresidente del Consejo de Ministros para el Área Económica del gobierno de Venezuela El denominado zar de PDVSA indicó en una entrevista que las fallas en el sistema eléctrico comenzaron en 2008. "Nos dimos cuenta que empezaba un problema de generación y transmisión eléctrica dado el aumento importante de la demanda producto del crecimiento económico. Según él, la demanda aumentó en un 20% para ese período. "Teníamos una demanda nacional de 18.500 a 19.500 megavatios. Comenzamos un plan para introducir generación termoeléctrica”, precisó Ramírez.
Curiosamente, Ramírez admitió que “no había una visión de la política eléctrica unificada y el servicio era de muy mala calidad. Comentó que la situación no se sentía en Caracas porque para aquel entonces contaban con la Electricidad de Caracas, en Valencia Electricidad de Carabobo y Enelven en el Zulia, que siempre tuvo un buen desempeño".
"Cuando se crea Corpoelec, las empresas privadas no fueron nacionalizadas, se adquirieron y se pagaron para poder unificar el Sistema Eléctrico Nacional (SEN). La idea era que las fortalezas de la industria eléctrica en algunas regiones pudieran aprovecharse en todo el país. Pero comenzó un manejo inadecuado a mi parecer y se adoptó una organización distinta en el tema operacional: se introdujo el control obrero y la cogestión”, justificó Ramírez.
Pero de acuerdo a diversos recortes de prensa, la realidad era muy distinta, pues el proceso de transformación de la política eléctrica durante la era de Chávez y Ramírez, “incluyó la destrucción de instituciones y empresas como Edelca, Cadafe, La Electricidad de Caracas C.A. y tres compañías privadas más, todas adquiridas por 1.195 millones de dólares. Así como el desmembramiento de 14 empresas públicas dedicadas a la electrificación en las regiones”.
El analista financiero Orlando Zamora denunció que “Hugo Chávez hizo cumplir el esquema de Rafael Ramírez que consistió en reemplazar la solución del déficit en el margen operacional del sistema eléctrico, como se diseñó hace décadas, en base a la hidroelectricidad, reemplazándolo por la supuesta creación de 17 centrales termoeléctricas. Alimentadas con derivados que en el futuro PDVSA no podría garantizar”.
Agregó que "con el experimento de Rafael Ramírez se abandonan los viejos planes de dotar a buena parte del territorio nacional con grandes líneas que van desde los 800 KV hasta los 230 KV, infraestructura de mayor envergadura que pierde relevancia por las supuestas soluciones regionales que emplean termoeléctricas que usan líneas de menor transmisión de voltajes y que ameritaba menores desplazamientos de tendidos de líneas”, detalló Zamora.
Las negociaciones del oro
Rafael Ramírez no solo estuvo a cargo de la industria petrolera sino que también fue el responsable de las políticas eléctricas. Como presidente de PDVSA y ministro de Energía y Minas, participó decisivamente en las estrategias del régimen de Hugo Chávez para sacar provecho a las reservas de oro del Banco Central para obtener fondos. Así lo revelan los acuerdos secretos plasmados en documentos obtenidos por Primer Informe.
La firma de inversiones suiza Tempest presentó un plan de financiamiento para, presuntamente, desarrollar proyectos de explotación de oro en diciembre de 2011, cuando Chávez aún vivía. Ello fue posible gracias a las propuestas presentadas por Ramírez a fines de 2011.
El gobierno chavista controlaba, para ese momento, el más importante reservorio aurífero en el sur del país, en la zona de Las Cristinas, cuya infraestructura había sido expropiada en 2008 a importantes multinacionales.
Con su plan de expropiaciones, Hugo Chávez generó la invasión masiva de mineros ilegales sobre las zonas explotadas bajo concesión por las multinacionales canadienses como Crystalex, Gold Reserve y Minería Rusoro, entre otras.
Lamentablemente, esto hizo que la minería ilegal tomara cuerpo y sumara territorios en la región. ¿Qué sucedió? Se crearon bandas armadas, crimen organizado y la venta internacional e ilícita del oro. Actualmente, la región está dominada por grupos armados colombianos como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) disidentes y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
De acuerdo con algunas estimaciones, la minería ilegal cuenta con unas 40 mil personas dedicadas a la explotación y tráfico ilegal. En ese negocio han participado también factores del Gobierno, militares y socios en el exterior que registran compañías de maletín para colocar el oro en el exterior.
Con información de: PrimerInforme
