El libro "La guerra que nos ocultan", de Francisco Cruz, Félix Santana Ángeles y Miguel Alvarado ponen en duda la hipótesis del narco, tras una investigación basada en documentos clasificados y el registro de las llamadas de Julio César Mondragón, uno de los seis normalistas asesinados entre el 26 y 27 de septiembre, cuyo cuerpo fue encontrado sin cara.
Hasta ahora, las autoridades no han podido confirmar que alguno de los estudiantes de la normal rural estuviese involucrado con el crimen organizado porque, según Francisco Cruz, los cárteles sólo fueron un elemento para distraer la atención de la responsabilidad que podría tener el Ejército en la desaparición de los estudiantes.
"Si estudiamos el narco en Guerrero, en esa zona, en Iguala, sí hay narco, mucho narco, pero me parece que a estas alturas esa hipótesis ya no se puede sostener. Casi dos años después de la desaparición, me parece que no hay una razón para achacarle los crímenes al narco, me parece que ése día hubo un operativo de contrainsurgencia militar para desaparecer a los estudiantes", aseguró Cruz en entrevista.
Julio César Mondragón habría comprado un móvil a otro estudiante, dos días antes de su asesinato y de la desaparición de sus compañeros.
A pesar de que la PGR hizo pública la investigación sobre Ayotzinapa desde el 12 de octubre de 2015, la versión disponible en la web tiene tachones en la mayoría de sus páginas, lo que hace imposible su lectura.
Los autores del libro tuvieron acceso al expediente original en el que descubrieron que del celular de Mondragón, donde se presume que existía un video sobre quiénes se llevaron a los estudiantes, se siguieron realizando llamadas seis meses después de su muerte.
La lista de llamadas entregada a la PGR por la empresa Telcel, filial de Claro, y que Cruz puso a disposición de Infobae, incluye las coordenadas donde se ubica de qué lugares se hicieron llamadas.
Las coordenadas, según la investigación de los escritores, coinciden con la ubicación de el Cuartel Militar Número 1, en Ciudad de México, y con las oficinas del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), el aparato de inteligencia del gobierno Mexicano.
De las últimas llamadas realizadas, cuatro se habrían hecho de instalaciones militares y otras cuatro del CISEN.
"Me parece muy claro que en este momento hay elementos para darle otro giro a la investigación, pero hemos tenido una prensa que lo mismo aceptó primero que sí había 43 estudiantes incinerados (la verdad histórica) y después aceptó que sólo eran 17, pero ya hay elementos para afirmar que después de este entramado hay que investigar al Ejército", dijo Cruz.
Entre estos elementos, señaló, está la confirmación de que la noche que desaparecieron los estudiantes, el Ejército estuvo a cargo del llamado C4 (el sistema de vigilancia de Iguala), pero en una zona que desde hace años está marcada por la presencia del crimen organizado, "lo más fácil era irse por el narco para desviar la atención".
Una investigación realizada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reveló que los estudiantes desaparecidos viajaban en un autobús, de los que habían secuestrado, cargado con droga. Sin embargo, Cruz asegura que los expertos internacionales "fueron engañados, la investigación está manipulada de tal forma que a donde la sigas te va a llevar a la droga en un país donde en todos lados hay droga".
El diputado de Movimiento Ciudadano (MC), Víctor Sánchez Orozco, integrante de la comisión del Congreso que investiga la desaparición de los normalistas, afirma que hasta ahora los legisladores no han podido entrevistarse con los detenidos que dieron al gobierno pistas sobre la participación del narco.
Antecedentes
El 23 de octubre de 2014, a casi dos meses de la desaparición de 43 jóvenes mexicanos, estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero (Centro), padres de los jóvenes y sus ex compañeros señalaron que la investigación del gobierno buscaba ligar a los normalistas con el narco.
El tema de "los 43″ se ha convertido en un caso emblemático sobre desaparición forzada y violaciones a los derechos humanos en México. En 24 meses ha provocado movilizaciones internacionales en demanda de la aparición de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, quienes hasta hora, siguen ausentes.
Los estudiantes desaparecieron la noche del 26 de septiembre de 2014, en Iguala, al Norte de Guerrero, mientras secuestraban autobuses para acudir a una marcha a la capital del país; para el gobierno, el caso se centra en dos puntos: aquella noche del 26 al 27 de septiembre, los estudiantes fueron entregados por la Policía Municipal de Iguala al cártel de "Guerreros Unidos" que, al confundirlos con un grupo rival, "Los Rojos", los asesinó y quemó en un basurero del vecino pueblo de Cocula.
"Guerreros Unidos" y "Los Rojos" son fracciones del desarticulado Cártel de Los Beltrán Leyva -que fuera aliado del Cártel de Sinaloa de "El Chapo" Guzmán- y dos de los ocho cárteles locales que operan en el estado. Ambos grupos ahora se disputan las rutas del tráfico de droga y la venta al menudeo en Guerrero, uno de los estados más peligrosos del país.
"Guerreros Unidos" trafica principalmente con goma de opio para la producción de heroína en Estados Unidos.
Mientras que "Los Rojos" también operan en los vecinos Morelos y Estado de México, en el Centro del país. Además de traficar con droga, se ha diversificado hacia otros delitos como el secuestro.
La hipótesis de que los jóvenes habían sido entregados a grupos del narcotráfico fue presentada a principios de 2015 por la Procuraduría General de la República (PGR), responsable de las investigaciones, como la "verdad histórica", que ha tenido una serie de detractores y que terminó con la salida del cargo del entonces Fiscal, Jesús Murillo Karam.
Uno de los detenidos, acusado de asesinar y calcinar a los estudiantes, Jonathan Osorio Cortés, señaló en su testimonio, reproducido por medios de comunicación, que recibió órdenes de mandos de "Guerreros Unidos" para que "se alistara" porque creían que "los contras (los rivales) se habían metido en Iguala".
Sin embargo, a dos años de distancia, ya nadie habla del tema del narco y la desaparición de los estudiantes.
La PGR guarda silencio y los padres de los jóvenes han centrado en las últimas semanas su discurso en exigir que se investigue al ex director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, a quien acusan de irregularidades en la investigación.
Con información de Infobae
