Este 3 de mayo el mundo celebra 25 años de la declaración del Día Internacional de la Libertad de Prensa, Venezuela aumenta su deuda frente a las garantías para el ejercicio de un derecho que ha sido reconocido como un Derecho Humano fundamental.
El Político
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) venezolana denunció este jueves el cierre siete medios impresos en los últimos cuatro meses, lo cual, aseguró, es el resultado de la falta de garantías para el ejercicio periodístico en Venezuela.
Ex ministra de Chávez protesta en Caracas por falta de aguahttps://t.co/gQ1sBOT1oG pic.twitter.com/R5sRu03vl2
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La prensa escrita, ha sido centro de una política oficial desbastadora que ha forzado su cierre en varios estados del país y en particular, en lo que va de 2018, ha terminado con la existencia de los diarios El Oriental (15 de enero), La Verdad de Monagas (15 de enero), El Tiempo, en su edición para la zona centro (25 de enero), El Impulso (10 de febrero), La Región de Oriente (28 de febrero), La Prensa de Barinas (2 de marzo) y Versión Final (19 de marzo)
Estos siete de medios de comunicación se suman a los más de 40 que desde 2012 han cesado su circulación por la negativa del Gobierno nacional de facilitar el acceso a los recursos y a la materia prima que permita mantener la producción. Desde entonces, mediante el uso de un mecanismo de censura indirecta, la administración de Nicolás Maduro ha generado un monopolio en la importación y distribución del papel prensa, entregándolo con un criterio de premio y castigo en función de la línea editorial y ocasionando que muchos hayan dejado de existir.
La escabrosa cifra de la diáspora venezolana solo en el 2018https://t.co/BLGYfvVFWP pic.twitter.com/lqv6TIUrJv
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El SNTP ha registrado 60 casos "de vulneración al ejercicio de la libertad de expresión", bastante menos casos que en el mismo período de 2017, cuando hubo 176, aunque rescata que esta última cifra se registró en medio de las protestas antigubernamentales del año pasado en las que "la prensa fue brutalmente reprimida".
Del total de casos documentados en 2018, 21 fueron detenciones ilegales, 42 de ellos "tienen como responsables o victimarios a los organismos de seguridad de Estado".
"Casi todos los casos ocurren durante la cobertura de manifestaciones por la escasez de alimentos, el alza de los precios, la deficiencia en los servicios públicos y las precarias condiciones en el sector salud", añadió.
En este sentido, el SNTP exige:
- Mecanismos idóneos y transparentes para que los medios de comunicación puedan acceder a los recursos y bienes que garanticen su operación.
- Investigar la entrega de recursos, así como el uso que de ellos ha hecho el Complejo Editorial Alfredo Maneiro, responsable de la importación y distribución del papel prensa en el país.
- La implementación de reglas claras y ajustadas a los estándares internacionales para que aquellos procesos en lo que interviene el Estado, ocurran con imparcialidad y en cumplimiento de su rol de mediador y no de juez que premia o castiga, en función de la línea editorial.
- La reforma de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos, de la Ley de Orgánica de Telecomunicaciones, del Código Orgánico Procesal Penal, entre otros instrumentos que imponen la censura en los medios de comunicación.
- La investigación y atribución de responsabilidades en contra los funcionarios policiales y los civiles que agreden, hostigan, detienen y roban a los trabajadores de la prensa.
- La construcción conjunta de una política comunicacional que genere garantías para el ejercicio profesional y, más importante, para que el ciudadano pueda estar informado conforme a los criterios de oportunidad, veracidad e imparcialidad previstos en la Constitución.
Con información: Pluma Volátil
