La pugna por el expolio de la petrolera estatal venezolana incluyó la creación de un servidor paralelo que permitía modificar en tiempo real las ofertas de licitaciones.
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La imagen de la petrolera nacional venezolana, Pdvsa, como la vaca que todo el mundo que pudo ordeñó –y sigue ordeñando– en el sistema político chavista, simboliza bien la billonaria corrupción que ha afectado a la compañía en casi dos décadas.
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La última gran trama denunciada, en la que hubo clonación del sistema informático de la entidad estatal para amañar operaciones y saquear la empresa, acaba de llegar a los tribunales de Estados Unidos. En la trama, en marcha desde 2004, participaron directivos de la propia Pdvsa e importantes compañías de comercio energético, con un daño a la estatal petrolera estimado en más de 5.200 millones de dólares.
Ya ha habido otras denuncias sobre sobornos a directivos de Pdvsa (singularmente la investigación abierta en Houston y que puede acabar inculpando a Ramírez), pero lo especial de este último caso es que la denuncia la ha presentado la propia Pdvsa (a través de un oscuro fideicomiso).
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En realidad, no se trata de una cruzada por la limpieza y la honestidad, sino que obedece a una lucha de facciones, en un capítulo más de la pugna por el expolio de la empresa, en medio de un pulso entre empresarios vinculados a diferentes sectores chavistas.
A principios de marzo de 2018, el fideicomiso PDVSA US Litigation denunció ante la Corte de Distrito del Sur de Florida que dos consultores venezolanos, mediante el soborno a varios directivos de la petrolera, actuaron conjuntamente con varios corredores internacionales de petróleo para beneficiarse de los contratos de venta y suministro de Pdvsa.
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La demanda señala que Francisco Morillo y Leonardo Baquero, que crearon la firma Helsinge y se relacionaron comercialmente con Pdvsa, contaron con la ayuda desde dentro de la petrolera de cuatro de sus principales directivos: Marco Malave, jefe del departamento Comercial y de Suministros de 2012 a 2017, y su sucesor, Ysmel Serano (hoy vicepresidente de la estatal); René Hecker, gerente de ese mismo departamento hasta 2013, y Edgar García, gerente del departamento de Flete y Transporte hasta 2008.
Las acciones fraudulentas se desarrollaron desde al menos 2004 hasta muy recientemente, según consta en la demanda, en una trama de «millones de dólares» en sobornos, pagados muchos de ellos a través de Panamá, y de «miles de millones de dólares» en beneficio para Helsinge y las compañías corredoras internacionales, enriquecidas por los menores pagos realizados a Pdvsa y el sobreprecio de los productos vendidos a esta.
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