La socia del excongresista estadounidense David Rivera compareció el jueves 8 de diciembre ante la Justicia de EEUU por su presunta actuación como agente no autorizado de Venezuela.
El Político
Se trata de la asesora política Esther Nufher, quien está relacionada con un contrato de consultoría de 50 millones de dólares con el régimen de Nicolás Maduro.
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Las autoridades estadounidenses formalizaron su detención este jueves y se le fijó bajo una fianza de 200.000 dólares. También se le exigió la entrega de su pasaporte.
¿Por qué es importante?
Nufher, conocida en Miami por su trabajo, enfrenta junto con Rivera hasta ocho cargos federales.
La compañía de Rivera, Interamerican Consulting, fue demandada en 2020 por la filial de PDV en EEUU al alegar que el excongresista no realizó ningún trabajo de consultoría como parte del contrato firmado en 2017, el cual es investigado por el Departamento de Justicia.
La demanda establece que Interamerican Consulting debía desarrollar estrategias para mejorar la reputación y el posicionamiento de Petróleos de Venezuela en Estados Unidos, un trabajo que no llegó supuestamente a realizarse.
En contexto
El Departamento de Justicia de EE.UU. acusa a ambos de haberse reunido con varios funcionarios estadounidenses para tratar de normalizar las relaciones de Estados Unidos con el gobierno venezolano, sin informar que habían firmado un contrato de 50 millones de dólares, con ese objetivo, con la filial estadounidense de la compañía Petróleos de Venezuela (PDVSA).
CNN señaló que, como parte de este acuerdo, tanto él como su socia debían evitar que «EEUU impusiera sanciones económicas adicionales» contra el dictador venezolano y «otros miembros de su régimen».
Ambos fueron acusados el pasado 16 de noviembre por un gran jurado federal del Distrito Sur de Florida.
Según la acusación, ambos se reunieron con un congresista de Texas no identificado y posteriormente Rivera mantuvo un encuentro con un asesor de la Casa Blanca durante la Administración del presidente Donald Trump (2017-2021), así como un senador por Florida, tampoco identificado en el escrito judicial.
Entre líneas
El senador Marco Rubio declaró a la cadena CNN que en 2017 mantuvo un encuentro con Rivera y luego otro en el que participó un allegado a Nicolás Maduro, donde reiteró que «la única forma en que se deben levantar las sanciones es si el régimen (venezolano) acepta elecciones libres y justas», según dijo un portavoz de su oficina.
«Sí, como se alega, esto fue un esfuerzo por suavizar su postura sobre las sanciones, fracasó estrepitosamente», agregó a la cadena el portavoz, quien recordó que la acusación del Departamento de Justicia resalta que los acusados nunca informaron al senador de que «estaban haciendo cabildeo en nombre de Venezuela».
CNN precisó que Rubio no es nombrado en el escrito judicial ni está acusado de irregularidades.
El Gobierno busca la confiscación de 23,7 millones de dólares, además de varias propiedades inmobiliarias, de acuerdo a la cadena.
En conclusión
Rivera, un cubanoestadounidense, de 57 años que estuvo en el Congreso en Washington entre 2011 y 2013. obtuvo al menos $20 millones por sus esfuerzo.
Para ello, firmó un contrato con PDV USA para tratar de ocultar que se había comprometido con el régimen venezolano para actuar a su favor en los Estados Unidos, segun la acusación.
En papel, su relación era con la filial estadounidense de la estatal Petróleos de Venezuela, PDVSA, pero para quien realmente trabajaba era Maduro, resalta la acusación.
Rivera es acusado de incumplir con las leyes estadounidenses que obligan a cualquier persona o compañía que representan intereses extranjeros a reportarlo a las autoridades.
El ex congresista, quien por un tiempo ejerció gran influencia en la política de Miami, fue arrestado el lunes en Atlanta donde vivía.
La acusación presentada contra Rivera y contra la consultora política Esther Nuhfer señala lo siguiente:
“El propósito de la conspiración era que los acusados se enriquecieran ilegalmente participando en actividades políticas en EEUU en nombre del régimen de Venezuela y representando los intereses del Gobierno de Venezuela ante funcionarios del gobierno de los Estados Unidos, en un esfuerzo por influir en la política exterior de los Estados Unidos hacia Venezuela”.
