La Corte Suprema de Justicia celebra este lunes una audiencia en el proceso de revisión de un expediente que determinará si los peticionarios de asilo que reciben una respuesta negativa tienen derecho a que se revisen sus casos.
El Político
Cuando un solicitante de asilo es rechazado por un agente federal o pierde su caso en la Corte de Inmigración, recibe automáticamente una orden de deportación. Y en caso de que el extranjero falte a una audiencia judicial, el juez emitirá inmediatamente una orden de deportación en ausencia.
“Estamos argumentando para proteger el derecho de revisión judicial para los solicitantes de asilo”, dijo Lee Gelernt, subdirector del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).
Gelernt dijo además que “los destinos de estas personas (peticionarios de asilo) están a menudo en manos de agentes de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) y de la Oficina de Control de Aduanas y Fronteras (CBP) con poder sin control para tomar decisiones que cambian la vida casi sin supervisión”.
Caso Thuraissigiam
En octubre del año pasado el máximo tribunal de justicia aceptó una petición del gobierno de Donald Trump para revisar un fallo de la Corte de Apelaciones del 9º Circuito, que favoreció al inmigrante Vijayakumar Thuraissigiam, un solicitante de asilo originario de Sri Lanka.
El tribunal, con sede en San Francisco, halló que una ley federal que quitó poder a los jueces de inmigración para revisar las deportaciones rápidas, conocida como expulsión acelerada (expedited removal), violó en este caso una disposición de la Constitución denominada ‘cláusula de suspensión’.
En su petición de asilo, Thuraissigiam dijo que pertenece a la minoría tamil en su país, donde fue torturado por sus creencias políticas y sometido a palizas y la práctica de tortura conocida como ahogamiento simulado.
"Es un principio fundamental de nuestra Constitución que las personas privadas de libertad tengan acceso a un tribunal federal”, dijo Gelernt, qwuiern además representa a Thuraissigiam.
“Esto incluye a los solicitantes de asilo cuyas vidas están en peligro", agregó.
Deportación acelerada
La deportación acelerada o expedita es un procedimiento establecido por el Congreso en 1996. Si bien permaneció dormido hasta 2017, el gobierno lo activó, entre otros, para afectar a todos los presuntos extranjeros que son arrestados dentro de las 100 millas de la frontera y que no pueden demostrar que han vivido en el país por más de dos semanas.
En julio del año pasado, el gobierno extendió el mandato a nivel nacional para poder deportar de forma expedita a cualquier extranjero que lleve menos de dos años en el país.
La medida iba dirigida a extranjeros que, de acuerdo con la ley, “no han sido admitidos” o se encuentran en libertad condicional” y no han demostrado afirmativamente, a satisfacción de un oficial de inmigración, que han estado presentes físicamente en Estados Unidos continuamente durante el período de dos años inmediatamente antes de la fecha de la determinación de inadmisibilidad”.
Este grupo de extranjeros será deportado de manera expedita o acelerada, indicaba la regla.
Fuente: Univision
