Los helvéticos decidirán este domingo en referéndum si aceptan la ley que modifica las condiciones fiscales de las multinacionales instaladas en Suiza para que éstas se adecúen a los niveles solicitados por la UE, aunque con nuevos beneficios para que permanezcan en el país.
Berna ha sido criticada durante años por Bruselas porque muchas empresas con "estatus especial" -las llamadas sociedades holdings, sociedades de domicilio o sociedades mixtas- se benefician de una tasa impositiva reducida, dado que pagan unos impuestos que oscilan entre el 7,8 por ciento y el 12 por ciento.
Ante la amenaza de medidas de represalia, en 2014, el Gobierno de la Confederación Helvética pactó con la UE abolir este "estatus especial" y modificar el sistema para que, de media, la presión fiscal estuviera alrededor del 14 por ciento.
En Suiza las empresas pagan un impuesto federal único y además un gravamen cantonal (estatal) que varía considerablemente entre los 26 cantones.
Por ejemplo, Zug ha anunciado que aunque actualmente tasa las firmas con "estatus especial" entre el 8 y el 11 por ciento y las compañías ordinarias a un 14,6 por ciento, tras la reforma, el impuesto será para todas de un 12 %.
La propuesta del Gobierno aprobada por el Parlamento el 17 de junio de 2016 establece que la Confederación transferirá más de mil millones de francos a los cantones para equilibrar la eventual pérdida de ingresos.
Muchos cantones están planteándose bajar el impuesto sobre los beneficios para poder seguir siendo fiscalmente competitivos.
Asimismo, las compañías obtendrán rebajas fiscales por las patentes que desarrollen en Suiza para estimular el área de Investigación y Desarrollo (I&D).
De hecho, estas empresas representan la mitad de los gastos en I&D de Suiza, por lo que la Confederación no sólo no quiere mermar su capacidad en esta área sino que quiere fomentarla para crear más "empleos del futuro".
La medida afectará a unas 24.000 firmas instaladas en Suiza que emplean a unas 150.000 personas y contribuyen a la mitad de las tasas corporativas federales.
No obstante, si bien los helvéticos asumen que alguna reforma debía aplicarse para poder dejar de inscribir al país en la lista de paraísos fiscales y no quieren perder puestos de trabajo, la propuesta no convence a muchos.
Es por eso que un grupo de ciudadanos presentó una iniciativa popular contra la ley argumentando que la reforma implicará una pérdida de recaudación inmensa que deberá ser compensada por el contribuyente.
La iniciativa recaudó las 50.000 firmas necesarias y se votará este domingo en referéndum.
Alegan que exactamente esto es lo que ocurrió con la precedente reforma de la imposición a las empresas, dado que esta es la tercera vez que la ley se modifica.
Asumen que el sistema debe adecuarse pero de otra manera y que hay tiempo para hacerlo de forma más consensuada.
Por su parte el Gobierno argumenta que es imposible saber lo que ocurrirá y rechazan estas predicciones catastrofistas, porque entienden que si bien algunas empresas pueden decidir irse del país, o despedir personal, otras pueden decidir instalarse dado que las condiciones fiscales seguirán siendo atractivas.
El objetivo final es mantener la competitividad, adecuarse a las normas internacionales y evitar que algunas empresas se marchen ahuyentadas por la incertidumbre actual.
Con información de: EFE
