El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Bolivia volvió a aplazar hoy, esta vez sin fecha, la audiencia para definir si se detiene o no al dirigente opositor y excandidato presidencial Samuel Doria Medina por supuestos delitos cometidos hace 25 años, cuando era ministro de Planeamiento.
La vista judicial, que debía instalarse en la ciudad de Sucre (sureste), se aplazó por segunda vez porque el alto tribunal debe resolver los incidentes y acciones de competencia presentados por la defensa de los imputados dentro del caso.
"Audiencia suspendida hasta resolver cuestiones de procedimiento, la lucha sigue hasta que haya justicia para todos los ciudadanos", escribió Doria Medina en su cuenta en la red social Twitter.
Agregó que la lucha en la que se encuentra "trasciende lo personal y partidario" y que "es una lucha para terminar con la injusticia y la persecución política".
La audiencia estaba prevista para el pasado 3 de noviembre, pero se aplazó para hoy por la ausencia de Germán Quiroga y Juan Demeure, quienes hicieron conocer que están enfermos.
Entre los recursos que debe considerar el TSJ están las solicitudes que hicieron los abogados defensores de Quiroga y Demeure para que estos sean apartados del caso por motivos de salud.
Otros imputados observaron la competencia del tribunal para tratar el caso y alegaron que los supuestos delitos de los que se les acusa ya prescribieron.
La magistrada Norka Mercado explicó a los medios que se resolverán las excepciones de incompetencia presentadas por los imputados y posteriormente, si corresponde, se señalará una nueva fecha para la audiencia cautelar.
La Fiscalía ha acusado a Doria Medina y a otras nueve exautoridades por los supuestos delitos de incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica.
La imputación cuestiona la autorización para crear la entidad Formación de Capital en Áreas Secundarias (Focas), que transfirió 21 millones de dólares a Fundapro, una entidad sin fines de lucro de apoyo al microcrédito.
Doria Medina ha justificado que la financiación a Fundapro fue aprobada porque era uno de los requisitos de Estados Unidos para condonar a Bolivia un total de 361 millones de dólares.
Fundapro comunicó en las semanas pasadas que ha terminado de pagar la deuda contraída con el Estado boliviano más los respectivos intereses.
El empresario, que lidera a la fuerza centrista Unidad Nacional, ha asegurado ser un perseguido político del Gobierno de Evo Morales, algo que han negado las autoridades.
A la audiencia de hoy asistieron el representante de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Bolivia, Enrique Reina, y el representante adjunto de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Xavier Mena.
La presencia de Reina en Sucre el pasado 3 de noviembre fue calificada por el Ejecutivo boliviano como una "injerencia" de la OEA en asuntos internos del país.
Con información de: EFE
