Fue suspendida la audiencia del Juzgado Penal Supraprovincial Transitorio en la cual la fiscalía tenía previsto sustentar los cargos contra el expresidente de Perú Alberto Fujimori y varios de sus exministros de Salud por el caso de esterilizaciones forzadas durante su gobierno.
El Político
La audiencia se realizaba vía videoconferencia, pero durante la diligencia, se dieron cuenta que el único intérprete convocado para el proceso era especialista en el idioma quechua con variante de la región Ayacucho, pese a que había víctimas de otros lugares como Cusco y Piura, entonces nadie les entendía.
Ante las fallas para la comunicación verbal, el juez dispuso la suspensión de la audiencia y pidió convocar a un intérprete con mayor conocimiento de las variantes quechuas a fin que las más de mil presuntas víctimas puedan seguir y entender en su lengua materna lo que se debatirá en el proceso.
La siguiente fecha de la audiencia, que se dio por instalada, será informada en los próximos días.
El fiscal Pablo Espinoza debía presentar cargos contra el expresidente Fujimori
Durante el acto el fiscal Pablo Espinoza debía plantear los cargos contra el expresidente Fujimori, varios de sus exministros de Salud, funcionariosy otras altas autoridades que fueron denunciados como coautores de los delitos en contexto de graves violaciones a los derechos humanos.
Esto luego de 22 años y tras un fallo del Tribunal Constitucional (TC) que rechazó una demanda que planteaba el archivo del caso.
Al inicio de la audiencia, se informó desde el penal de Barbadillo (Ate), en el cual se encuentra recluido, que el expresidente Fujimori se encontraba bajo supervisión médica debido a un déficit de oxigenación.
César Nakazaki, abogado del exjefe de Estado, explicó que Fujimori solo estaba obligado a presentarse a los procesos judiciales por los cuales se había concedido su extradición desde Chile. Ello, fue ratificado por el juez del caso.
Quienes sí se presentaron de manera virtual fueron el exministro de Salud, Alejandro Aguinaga, así como Eduardo Yong Motta y Marino Costa Bauer.
El origen de la acusación
Durante la década de 1990 del siglo pasado, casi 350.000 mujeres y 25.000 hombres fueron esterilizados durante un programa dirigido por el gobierno de Fujimori para reducir la tasa de natalidad. El programa se centró en indígenas y habitantes pobres en áreas rurales del país.
Unas 2.073 mujeres han denunciado ante grupos locales e internacionales de defensa de los derechos humanos que les ligaron las trompas sin su conocimiento y/o consentimiento, y al menos 18 murieron como resultado de la cirugía. En los tribunales hay pendientes aún 1.307 denuncias.
Miles de víctimas
Esta presentación de cargos permitirá investigar los hechos como crímenes contra la humanidad, para que se logre acusar a los responsables, llevarlos a juicio oral y condenarlos.
Esperan justicia miles de víctimas en dos investigaciones fiscales preliminares en curso, además de las que se encuentran inscritas en el Registro Nacional de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas.
Dos de los casos más graves son los de Celia Ramos y Mamérita Mestanza, quienes sufrieron lesiones graves seguidas de muerte, mientras que otras, como Victoria Vigo e Inés Condori, sobrevivieron aunque con graves secuelas.
Investigación imparcial
“Es importante que esta investigación judicial se haga de manera imparcial, lo que implica no discriminar a las víctimas ni revictimizarlas, así como actuar con la debida diligencia para proteger a las víctimas y garantizar una investigación con celeridad, enfoque de género e interculturalidad, con valoración adecuada de los testimonios de las víctimas y todas las pruebas”, indicó María Ysabel Cedano, abogada del Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer.
«Esperamos que se garantice su derecho a traductores en su lengua materna para que las sobrevivientes y familiares no se sientan ajenas a un momento tan crucial y por el que tanto han luchado», agregó.
Marcia, Emilia y Maricela Monzón Ramos, hijas de Celia Ramos, exigen que se realice una investigación judicial rápida y minuciosa por justicia, amor y en la memoria de su madre y de todas las víctimas de esterilizaciones forzadas de la política de Estado fujimorista.
El caso involucra a los exministros de salud Eduardo Yong Motta, Marino Costa Bauer y Alejandro Aguinaga. Asimismo, a Segundo Henry Aliaga Pinedo, Enrique Octavio Marroquín Osorio, Magda Isabel Gonzales Carrillo y Ulises Jorge Aguilar en el caso de Mamérita Mestanza.
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