La dictadura de Nicolás Maduro solicitó a la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional (CPI) que se le permita presentar una réplica a los testimonios de las más de 8.900 víctimas que apoyaron la continuidad de la investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
El Político
El régimen chavista solicitó que se le otorgue un plazo hasta el 30 de mayo para responder al informe de la Sección para la Participación de las Víctimas y las Reparaciones (“VPRS”), reportó AlNavio.
La petición tiene fecha del 25 de abril de 2023 y esta firmada por el canciller Yván Gil.
A principios de abril, la Corte Penal Internacional (CPI) pide a Venezuela presentar “una réplica, que no exceda 10 páginas, a más tardar el 20 de abril” para responder a un argumento del fiscal Karim Khan, quien desestimó las razones presentadas por Caracas en torno a la reapertura de la investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en el país caribeño.
Esta fue la reacción de la Sala de Cuestiones Preliminares a la solicitud de Caracas, que había pedido su autorización para “responder a varios elementos” señalados por el fiscal “como máximo el 28 de abril”, y que tendrá que presentar ahora ocho días antes.
Toda la información de las víctimas es confidencial.
La Corte Penal Internacional no revelará información, pero sí recomienda total discreción para quienes participaron en la consulta sobre la Investigación por crímenes de lesa humanidad, Venezuela I ⬇️https://t.co/bWkPIdVYXk
— PROVEA (@_Provea) April 28, 2023
En detalle
Los puntos que Venezuela pretende responder son, en concreto, dos: una comparación de la evaluación del fiscal con la de la sala de cuestiones preliminares a la hora de iniciar las investigaciones; y la forma en la que “la supuesta intención discriminatoria se en los procedimientos.
Sin embargo, las víctimas venezolanas de crímenes de lesa humanidad han emitido su veredicto: no creen que la justicia madurista vaya a investigar realmente sus casos y sancionar a sus responsables, pese a las sentencias proferidas en los últimos meses. Por ello, han solicitado a la CPI su intervención.
La petición figura en el informe que la Sección para la Participación de Víctimas y las Reparaciones del juzgado (VPRS, por sus siglas en inglés) publicó el pasado 21 de abril.
En el reporte, de 57 páginas de extensión, se compiló la información aportada por los 8.900 presuntos torturados, detenidos arbitraria e ilegalmente y perseguidos políticos, así como de sus familiares, quienes abrumadoramente respaldaron la solicitud que el fiscal en jefe de la CPI, Karim Khan, hizo a la Sala de Cuestiones Preliminares de ese tribunal.
Las víctimas, por su parte, denunciaron al juzgado internacional que las averiguaciones internas son superficiales y que no se ajustan a la gravedad de lo ocurrido.
«Nadie castiga a los verdaderos responsables, que son los altos mandos», se quejó una víctima, cuyo testimonio fue incorporado al informe.
El funcionario pidió autorización para retomar sus averiguaciones sobre las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el país al menos desde 2017 por considerar que las autoridades venezolanas no han demostrado una verdadera intención de hacerlo.
Por ser Maduro el Jefe del #DGCIM. Esto demuestra quien está mandando, y cierran rumores sobre #Sebin deteniendo a funcionarios del #DGCIM. JR dijo: "Q se detenga el proceso en la CPI porque afecta a nuestros líderes más importantes" dándole un espaldarazo claro a Hernando Dala,
— Tamara Suju (@TAMARA_SUJU) April 26, 2023
En contexto
La Corte Penal Internacional (CPI), dentro de las próximas semanas tendrá que decidir si autoriza al Fiscal de la CPI a seguir investigando la situación de Venezuela. Para ello, ha solicitado, por vía digital, a víctimas de Venezuela de dar sus opiniones a la Corte.
Las opiniones representando a unas 8900 personas fueron recibidas por la VPRS de LZ CPI, la cual se encargó de hacer un resumen anónimo, el cual se entregó hoy a la Sala de Cuestiones Preliminares.
La amplia mayoría de las víctimas que participaron en el proceso pidieron categóricamente que el Fiscal de la CPI reanude la investigación sobre la situación en Venezuela, haciendo referencia a la situación de impunidad y la falta de investigaciones genuinas en el país.
La participación de la sociedad civil y las víctimas fue notoriamente alta – calificada por VPRS como “abrumadora”: entre el 18 de noviembre de 2022 y el 7 de marzo de 2023 se recibieron 1,875 opiniones y observaciones de las víctimas con respecto a la solicitud del Fiscal de continuar las investigaciones en Venezuela, publicó Provea.
De estas opiniones, 1,824 cumplieron con los requisitos de competencia de la Corte y fueron transmitidas a la Sala de Cuestiones Preliminares.
VPRS resaltó la alta participación de víctimas y la sociedad civil en el proceso, pese a la distancia geográfica, desafíos de seguridad, incluyendo actos de hostigamiento, y recursos.
Las más de 1800 opiniones y observaciones incluyen a aproximadamente 8,900 individuos, 2 instituciones y 630 familias venezolanas.
Para que se sepa lo criminales que son, y está dando resultados.
El llamado es a los Presidentes Latinoamericanos a no encubrir a los asesinos. El Jefe de las Torturas Nicolas y su combo no pueden ser una opción.
— Tamara Suju (@TAMARA_SUJU) April 24, 2023
La ONU reveló los escalofriantes métodos de tortura de Maduro
El dictador Nicolás Maduro lleva tiempo tratando de desacreditar el escalofriante informe sobre delitos de lesa humanidad de su régimen. Lo llamó “panfleto” y habló del uso político de DDHH.
Pero por más efusivo que fue su discurso, no pudo rebatir las pruebas: la Misión Internacional Independiente de las Naciones Unidas sobre Venezuela documentó 122 casos de víctimas que fueron “sometidas a tortura, violencia sexual y/u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes” perpetrados por las fuerzas de la
Los métodos de tortura, la instalación de centros clandestinos de detención y el diseño de un plan de persecución sistemática contra la oposición del régimen de Maduro recuerdan a las dictaduras latinaomericanas de los oscuros años 70.
Los investigadores documentaron los siguientes actos de tortura, violencia sexual y otros malos tratos contra las personas detenidas:
-Posiciones de tensión denominadas la “crucifixión” (brazos extendidos y esposados a tubos o rejillas) y “el pulpo” (un cinturón metálico con cadenas atadas para inmovilizar la muñeca y los tobillos)
-Asfixia con bolsas de plástico, sustancias químicas o un cubo de agua
-Golpes, a veces con un palo u otros objetos contundentes
-Descargas eléctricas en los genitales u otras partes del cuerpo
-Amenazas de muerte o de violencia adicional
-Amenazas de violación contra la víctima y/o sus familiares
-Desnudez forzada incluso en habitaciones mantenidas a temperaturas extremadamente bajas
-Estar encadenado durante largos períodos de tiempo
Un plan orquestado por Nicolás Maduro
La violencia y la persecución, afirma claramente el documento, es sistemática. No se trata de excesos de las fuerzas de seguridad, no se tratan de hechos aislados: en Venezuela hay un “plan orquestado al más alto nivel político, liderado por el propio Nicolas Maduro”, aseguró en conferencia de prensa Marta Valiñas, presidenta de la Misión.
Las pruebas son contundentes: los servicios de inteligencia de Venezuela cometen crímenes de lesa humanidad bajo las órdenes de las altas esferas del régimen para reprimir a la oposición, afirmó la ONU en un informe.
“Nuestras investigaciones y análisis muestran que el Estado venezolano utiliza los servicios de inteligencia y sus agentes para reprimir la disidencia en el país. Esto conduce a la comisión de graves delitos y violaciones de DDHH, incluidos actos de tortura y violencia sexual”, denunció Valiñas, presidenta de la Misión.
Las conclusiones del informe muestran el papel del Servicio Bolivariano de inteligencia (Sebin) y la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM) para llevar a cabo estos atropellos “en la ejecución de un plan orquestado por Nicolás Maduro y otras autoridades de alto nivel para reprimir a la oposición al gobierno, incluso mediante la comisión de torturas de extrema gravedad, que son constitutivas de crímenes de lesa humanidad”, señaló la misión en un comunicado.
Los centros de tortura del régimen de Maduro
Las torturas tenían lugar en su sede de Boleíta, en Caracas, y en una red de 17 centros de detención clandestinos en todo el país.
“Las personas detenidas en centros de detención secretos fueron sometidas a actos de tortura incluyendo violencia sexual. Las mujeres que eran llevadas a casas de seguridad fueron agredidas sexualmente y/o torturadas con asfixia, golpes y descargas eléctricas. Los varones y los objetivos militares recibieron descargas eléctricas en el cuerpo, fueron asfixiados, desvestidos y retenidos desnudos, amenazados de muerte, violados y mutilados genitalmente, y golpeados”, denunció Naciones Unidas.
También indicó que estas “casas de seguridad” son administradas por Alexánder Enrique Granko Arteaga, el director de Asuntos Especiales de la DGCIM.
La mayoría de estas viviendas pertenecían a presuntos narcotraficantes o familias acomodadas, y fueron incautadas por los organismos gubernamentales.
Fuentes de la Misión dijeron que Granko Arteaga, considerado como uno de los funcionarios que actúa con mayor crueldad en las violaciones de derechos humanos, también depende directamente de Maduro.
En conclusión
Con esta nueva solicitud se pone en marcha otra maniobra para dilatar el proceso en la CPI y evitar que se reanude la investigación por delitos de lesa humanidad.
Todo al tiempo que se dieron las polémicas declaraciones de Jorge Rodríguez en las que condicionaba la eventual reanundación del diálogo a que se suspenda la investigación de ese organismo.
El informe de la sección para la Participación de las Víctimas y las Reparaciones recopila miles de testimonios de las víctimas, que relataron torturas y tratos crueles. De igual manera, el documento recaba los testimonios de familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales y persecución política.
Lo cierto es que la masiva participación de las víctimas venezolanas en el proceso abierto por la CPI, hasta ahora la segunda más grande tras la relacionada con el caso de Afganistán, revela dos cosas: por un lado, la desconfianza de los ciudadanos en la capacidad y voluntad de instituciones nacionales para investigar los crímenes, y por el otro, la esperanza que genera la posibilidad de que la CPI estudie lo ocurrido.
Ahora solo resta esperar a que la Sala de Cuestiones Preliminares revise tanto la solicitud del fiscal Khan como las observaciones presentadas por las autoridades venezolanas y, por supuesto, la opinión de casi 9.000 venezolanos.
Por último, el demoledor informe de la ONU desenmascara al régimen de Maduro, lo desnuda frente al mundo, cuando varios actores regionales hablan de “avances” y parecen haber olvidado la brutalidad del chavismo
