En cualquier conflicto siempre hay un líder. Llamémosle Pedro, un tipo con panza de cervecero, calvicie incipiente y vozarrón gutural, que ahora mismo envía mensajes frenéticamente desde su móvil a decenas de taxistas privados para concertar una estrategia, después que el pasado 15 de julio el Gobierno cubano intentara fijar los precios de las carreras.
Tras su aplicación, a partir del 18 de julio, con cientos de inspectores estatales y policías encubiertos exigiendo facturas de combustible, la habilitación de un teléfono, 18820, para que la ciudadanía denuncie a los transportistas que fijen nuevos precios, taxistas como Pedro, recurrieron a una nueva estrategia para no acatar la normativa gubernamental.
Sentado en la sala de su casa, mientras intenta refrescar la canícula frente a un ventilador, Pedro expone sus argumentos: “La mayoría de los taxistas, alrededor de un 80 o 90 por ciento, no estamos de acuerdo con la medida. Somos propietarios privados de nuestros autos o trabajamos para un arrendador particular. Nunca hemos firmado una cláusula que nos obligue a tener precios fijos. El Estado no nos subsidia el petróleo ni las reparaciones. Pagamos impuestos y no estamos de acuerdo que se inmiscuyan en nuestro trabajo. Nos regimos por la oferta y la demanda”.
Luego de tomar un vaso de agua bien fría, continúa argumentando: “El Gobierno nos quiere endilgar el papel de villanos. No es culpa de los taxistas privados que el transporte público no funcione. Es verdad que un taxista, dueño de su propio carro, puede ganar mil o mil doscientos pesos en un día. Pero ¿qué significa ese dinero en Cuba? La inflación, el alto costo de la vida y los precios descabellados en la tiendas por divisas se lleva toda esa plata”. Y puntualiza: “Una reparación menor no baja de 120 cuc (cerca de 3.000 pesos). Dos neumáticos nuevos pueden costar más de 140 cuc y no hablemos ya del motor, cuyo precio anda por los 3 mil o 4 mil cuc. Dime el nombre de un taxista que viva a todo trapo o pueda irse de vacaciones a Grecia o Turquía como Antonio Castro”.
El problema del transporte en Cuba es de vieja data. Después que Fidel Castro conquistó el poder a punta de carabina, trasladarse de un sitio a otro en una ciudad o un viaje interprovincial suele ser complicado. Viajar en tren hasta Santiago de Cuba demora más de 20 horas y comprar un boleto de avión para vuelos locales es casi una misión imposible.
Incluso en el breve lapso de bonanza económica de los años 80, cuando en La Habana existían 2.500 ómnibus de transporte urbano, más de 100 rutas y una flota de 6.000 taxis estatales, trasladarse dentro de la capital podía demorar una o dos horas.
Con la llegada de la crisis económica estacionaria, camuflada por la jerga fidelista como "Período Especial en Tiempos de Paz", el transporte público colapsó. La flotilla de taxis se redujo a unos 200 autos y la de ómnibus a cerca de 700. Cifras muy inferiores cuando las comparamos con los taxis estatales y los ómnibus urbanos que en 1985 rodaban por La Habana.
En ese contexto, en 1994 el régimen verde olivo autorizó que dueños de automóviles pudieran ejercer como taxistas particulares. Aunque siempre estuvieron en la mira del colimador del Estado y con el cepo impositivo acechándolos.
Reinerio, taxista desde 1997, recuerda que “en los últimos 20 años, el impuesto a los transportistas ha crecido en un 60 por ciento. De 400 pesos que pagábamos entonces a mil pesos en la actualidad. Sin contar la Declaración Jurada y los pagos arbitrarios de la ONAT (Oficina Nacional de Administración Tributaria), por lo que ellos consideran subdeclaración impositiva”.
Lo cierto es que los viejos taxis habaneros, con carrocerías de autos estadounidenses o de la era soviética, pero con motores modernos, mueven a más de 800 mil personas diariamente en la capital de la Isla.
Moisés, de la línea Víbora-Vedado, reconoce que “como casi todos los emprendedores privados, tenemos una doble contabilidad a la hora de declarar impuestos. Y en el caso de los taxistas, compramos el combustible por la izquierda (mercado negro), pues el Estado vende el litro de petróleo a 25 pesos o su equivalente en divisas. Eso provoca mermas en las ganancias. Muchas personas piensan que es un asunto de codicia, y algo puede haber, pues en etapas de crisis la gente suele especular con el precio de servicios y alimentos. Pero el mal funcionamiento del transporte no es culpa nuestra, es culpa del Gobierno”.
Para Pedro, líder natural dentro de los taxistas privados, “los precios se pueden negociar. El Estado debiera vendernos el combustible a precios subsidiados, igual que hace con los taxis ruteros pertenecientes a cooperativas. Pero esta situación va más allá y es una cuestión de principios. No nos vamos a intimidar. Somos dueños de nuestros vehículos y fijamos los precios que entendamos”.
De momento, la estrategia seguida por un segmento de taxistas es dejar de prestar servicio, alegando roturas en el auto. O dividir los recorridos habituales en dos y hasta tres tramos. En la línea desde La Palma al Vedado, por ejemplo, algunos choferes ahora solo llegan hasta la Esquina de Toyo, donde confluye la Calzada de Diez de Octubre con la de Luyanó, cobrando 10 pesos en cada tramo.
“Nadie me puede impedir que haga rutas cortas. Basta ya que el Gobierno intente meternos una cañona. Si los 15 mil boteros (taxistas privados) existentes en La Habana vamos al paro, viajar dentro de la ciudad va ser un calvario. O el Estado negocia el problema de los precios con nosotros o utilizamos nuestras tretas”, alega Pedro.
De momento, el gran derrotado es el ciudadano de a pie, que ha visto disminuir el flujo de taxis particulares. Veremos cómo termina la batalla.
Con información de Diario Las Américas
