A la excandidata presidencial de Perú Keiko Fujimori, quien es investigada por lavado de activos, el Tribunal Constitucional de Perú (TC) declaró “fundado el habeas corpus”, por lo que quedó anulada la prisión preventiva y saldrá de la cárcel.
El Poltíco
Ernesto Blume, presidente del TC informó que la decisión se sometió a una votación que quedó 4 contra 3 y que el día jueves se publicarán los términos de la resolución. Además, aseguró que la decisión se ha basado “en el derecho a la libertad personal”.
“Dejo aclarado que el Tribunal Constitucional no ha juzgado el tema de fondo: no ha declarado su absolución ni la ha condenado, esa es responsabilidad exclusiva del Poder Judicial que el Tribunal respeta de manera respetuosa”, comentó el magistrado.
A Fujimori se le investiga por presuntamente haber recibido aportes de un $1.200.000 dólares de la caja paralela de Odebrecht en la campaña electoral de 2011. La hija mayor de Alberto Fujimori ha pasado poco más de 13 meses en un penal de Lima, luego de que tres instancias del Poder Judicial dispusieran la medida de prisión para impedir que la excandidata presidencial continuara obstruyendo las pesquisas.
Una de las razones por las cuales la mayoría fujimorista en el Congreso -hoy disuelto- apresuró a fines de septiembre la votación de nuevos magistrados del Constitucional, era precisamente la decisión sobre la libertad de la excandidata presidencial, ya que el mandato de seis de los siete ha quedado vencido.
Afinidad con Fujimori
Los magistrados Blume, José Luis Sardón y Raúl Ferrero tienen una larga trayectoria de afinidad con el fujimorismo desde el Gobierno de Alberto Fujimori en la década de los 90, pero las bancadas fujimorista y su aliada del Partido Aprista, no tenían certeza de que contarían con un voto adicional para dar la razón al habeas corpus y permitir la excarcelación.
La rapidez con la que el Parlamento quiso elegir a varios magistrados del Constitucional afines al fujimorismo llevó al Ejecutivo, en septiembre, a plantear una "cuestión de confianza" al Legislativo para que modificara la forma de elegir a los nuevos miembros, incorporando mecanismos de transparencia y publicidad de candidatos.
Según la Constitución peruana, si el Ejecutivo solicita "cuestión de confianza" para el Gabinete de ministros por medidas o proyectos de ley prioritarios y en la votación el Congreso se la rehúsa dos veces en un Gobierno, el presidente está facultado a cerrar el Parlamento.
Por ello, Martín Vizcarra disolvió el Congreso el pasado 30 de septiembre, horas después de que la mayoría opositora eligiera, en una votación con irregularidades, a un nuevo miembro del Constitucional: un primo del entonces presidente del Parlamento.
Sin embargo, como la elección del nuevo magistrado fue impugnada por dos parlamentarias antes del cierre del Congreso, el Constitucional no pudo incorporarlo en reemplazo de los que tenían mandato vencido, como esperaba el fujimorismo.
El cuarto voto que permitirá a Fujimori volver a su casa ha sido del magistrado Carlos Ramos, quien causó noticia en mayo pasado cuando, en un viaje no oficial fuera de Lima, desapareció 16 horas escabulléndose de su escolta, y fue hallado en un club nocturno. Días después, el pleno del Constitucional lo amonestó pública y severamente por su conducta.
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Fuente: El País
