La Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay (AFJU) denunció al Poder Ejecutivo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) por el no cumplimiento de una sentencia que obliga al Estado a pagar un aumento de sueldo, informaron a Efe fuentes del gremio.
Los empleados judiciales realizaron el reclamo ante la CIDH por el "no cumplimiento" de una sentencia judicial que impone la adecuación de los salarios de los funcionarios a futuro, dijo el portavoz de la AFJU, Eduardo Silveira.
Silveira resaltó que la sentencia, de hace un año (marzo de 2016), establece una adecuación de los salarios a futuro del 21,6 %, de los cuales un 8 % ya fue retribuido progresivamente a partir de enero de 2017.
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Por otra parte, Silveira destacó que la sentencia es "definitiva", pero que aún "no se ha cumplido" el mandato judicial.
"Se han diseñado leyes para diferir el pago en el tiempo y, para poner de manifiesto esto, se tomó la decisión de acudir al ámbito internacional", sentenció Silveira.
El vocero se refirió así a la aprobación del artículo 733 de la ley de Presupuesto Nacional, que establece que se pueden diferir el pago de deudas que tengan sentencia judicial con funcionarios públicos a futuras instancias presupuestales, norma que fue denunciada ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
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"Si el Poder Ejecutivo quisiera resolver este tema, lo que haría sería proceder a la adecuación salarial para recuperar el sueldo de los funcionarios y así permitiría que la deuda no siga creciendo día a día como ocurre hoy", destacó Silveira.
"Nosotros estamos dispuestos a encontrar una salida, una vez que se proceda a pagar el sueldo de los funcionarios, el monto restante se puede negociar", agregó.
Además de esta deuda, hay otra aparte que se remonta a 2010, cuando la Administración del entonces presidente José Mujica (2010-2015) aprobó un aumento salarial para los ministros de Estado, que, por ley, deben estar equiparados a las retribuciones de los funcionarios judiciales.
Desde entonces, los colectivos de trabajadores judiciales presentaron ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) diferentes tipos de demandas, hasta que el organismo emitió una sentencia al respecto.
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De esta deuda, que asciende a unos 20 millones de dólares por año, el Estado uruguayo planteó pagar un 15 % del total, algo que fue rechazado por los trabajadores.
La AFJU, en contra, planteó el uso del 15 % ofrecido por el Estado para el pago de los ajustes de salarios a futuro que quedan pendiente, alrededor de un 13 %.
Los magistrados, defensores y fiscales que no estaban sujetos a la sentencia aceptaron la propuesta del Estado y resolvieron su conflicto, mientras que los auxiliares, administrativos y actuarios, que tienen sentencia definitiva son quienes aún persisten en sus reclamos. EFE
