Un tribunal de EEUU confiscó las propiedades del excongresista David Rivera, excabildero de Nicolás Maduro.
El Político
El fiscal federal, Markenzy Lapointe, envió una comunicación a la Corte del Distrito Sur de la Florida en la que se informa que el gobierno de EEUU tomó control de 13 propiedades pertenecientes a el excongresista, David Rivera y Esther Nuhfer.
Ambos son acusados de delitos de conspiración para cabildear para el régimen de Nicolás Maduro y lavado de dinero.
En detalle
Las propiedades que están ubicadas en los estados de la Florida y Georgia y habrían sido adquiridas presuntamente con dinero proveniente de la trama de corrupción que encabezó Rivera y que involucra a su socia y pareja sentimental, Nuhfer, reportó PrimerInforme.
Estas son las propiedades de Rivera y Nuhfer que pasaron a control del gobierno de EEUU.
1) 1673 Pink Dogwood Way, Oviedo 32765
2) 21 Sadowski Causeway, Key Colony Beach, Florida.
3) 2665 SW 37 Ave. Unit 504, Miami Florida
4) 10925 NT, 43 Lane, Doral, Florida 33178
5) 82 Tingles Lane, marathon, Florida 33050
6) 237 Coke Street, NE, Marieta, Georgia.
7) 549 Bethesda Court, Oviedo, Florida, 32765
8) 2188 Ellis Mountain Drive SW, Marieta GA, 30064
9) 3060 Fleet St. Marieta, GA, 30064
10) 3663 S. Atlantic Av. Unit 20-C, New Smyrna Beach, Florida, 32169
11) 9425 SW 38 St. Miami, Florida 33165
12) 13604 SW 83 Court, Palmeto Bay 33158
13)237 Cole St. NE, Marieta GA, 30066.
Panorama general
La fiscalía presentó una moción con “Lis pendens” que significa que los costosos inmuebles involucrados en el juicio contra Rivera y Nuhfer pasan al poder o control del tribunal en espera de la continuación de la acción legal contra los acusados hasta la sentencia final.
La acusación contra David Rivera y la exconsultora Esther Nuhfer alega que ambos conspiraron al trabajar para un gobierno extranjero sin haberse registrado ante el gobierno de EEUU, como cabilderos, y además realizaron transacciones financieras, incluyendo lavado de dinero, violando las leyes federales estadounidenses.
Según la acusación, Rivera y Neufer conspiraron con el propósito de enriquecerse ilegalmente, acordando con un gobierno extranjero (Venezuela) y participando en su nombre, en actividades de consultoría políticas en EEUU, representando intereses del gobierno de Venezuela ante funcionarios norteamericanos, en un esfuerzo por influir en la política exterior estadounidense.
Los fiscales indicaron en la acusación que Rivera «no cumplió con el requerimiento de registrarse como consultor de un gobierno extranjero», cuando acordó, bajo contrato, trabajar para Petróleos de Venezuela, representando al régimen de Nicolás Maduro.
Cualquier trabajo que Rivera hiciera para PDVSA requeriría que se registrara como agente extranjero, tal cual lo establece la Ley FARA, ( por sus siglas en inglés The Foreign Agents Registration Act).
La ley FARA, aprobada en 1938 en EEUU, exige que los agentes que trabajan para un gobierno extranjero, que participan en actividades políticas, divulguen públicamente su relación con el mandante extranjero.
En contexto
La acusación establece que a partir de 2017, PDVSA contrató a la empresa de David Rivera, Interamerican Consulting Inc y a su asociada Esther Nuhfer, para cabildear ante el gobierno federal, el Congreso y agencias de EEUU, en nombre de Venezuela y obtener apoyo político para normalizar las relaciones entre EEUU y el régimen de Nicolás Maduro.
Asimismo, la demanda señala que Rivera, «en su interés por mejorar la imagen de Venezuela», estableció reuniones con un un Senador del estado de la Florida, un representante al Congreso de Texas, y un asesor de la Casa Blanca. Los encuentros se realizaron en Washington DC.
En el documento se menciona a Nicolás Maduro, a la vicepresidente del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, un empresario (Raúl Gorrín), a una empresa de servicios de yates de lujo del sur de la Florida, un abogado y dos miembros de la Asamblea Nacional de Venezuela.
La acusación dice que se celebraron dos reuniones con el senador de Florida en Washington D.C. en julio de 2017 para discutir un posible acuerdo con el régimen de Maduro en el que aceptaría un acuerdo para celebrar elecciones libres y justas en Venezuela.
Los cargos contra Rivera y Nuhfer
En la querella aparecen una serie de diligencias hechas por Rivera, que buscaba evitar que el entonces presidente Donald Trump impusiera sanciones contra PDVSA, y las cabecillas del régimen de Maduro.
En su afán por tratar que las sanciones no se materializaran, David Rivera gestionó reuniones con un senador de la Florida, un representante de Texas y un asesor de la Casa Blanca. Tal como se evidencia con hechos, Rivera no logró su cometido.
Los fiscales explican que Rivera propuso reuniones donde estuvieron presentes representantes del régimen de Maduro, incluyendo una reunión que se realizó en Nueva York, donde estuvo presente la vicepresidente de Venezuela, Delcy Rodríguez.
Aparece referenciada una carta de Rodríguez donde se deja clara que había una relación de Rivera, y en su calidad de cabildero este propondría ante las altas autoridades del gobierno federal una propuesta de Nicolás Maduro en la que supuestamente se comprometía a realizar elecciones libres y transparentes.
Esto ocurrió en 2017. En Venezuela se efectuaron comicios en 2018, en los cuales Maduro se declaró ganador, y su victoria no fue reconocida por la Comunidad Internacional.
En el trabajo de lobby de Rivera se quiso vender la posibilidad que con el acercamiento de Maduro con la nueva administración se podía evitar una crisis mayor.
En conclusión
En EEUU cabildear para un gobierno extranjero no es delito si se cumplen con todos los requerimientos exigidos y se dejan claras las cuentas de los fondos que reciben los lobistas por el servicio prestado.
En el caso de Rivera y Esther Nuhfer, las dos empresas Interamerican Consulting Inc o Communications Solutions Inc, estaban violando la regla, porque la ley FARA obligaba a estar inscritas ante el Departamento de Estado de EEUU antes de actuar en nombre y a favor de los intereses de otro país en suelo norteamericano y ante las instituciones públicas.
En la demanda aparecen una serie de correos electrónicos titulados «contratos FARA» donde se advierte que deben estar inscritos, pero Rivera, en una de las respuestas a Nuhfer dice que era un poco tarde para ello, pues si lo hacían, sería un escándalo mayúsculo por las políticas que el presidente Trump ya había tomado contra Maduro y PDVSA.
Rivera, que se desempeñó en el Congreso federal entre 2011 y 2013, fue detenido en el aeropuerto de Atlanta, en medio de una investigación por la firma de un contrato de consultoría por valor de 50 millones de dólares, con el régimen de Nicolás Maduro.
La denuncia aseguraba que el exlegislador no realizó ningún trabajo como parte del contrato que firmó en 2017 por tres meses de “asesoría estratégica” con el fin de establecer vínculos con importantes figuras estadounidenses.
