El Tribunal Supremo de EE.UU. rechazó este lunes reconsiderar el caso de las medidas migratorias del presidente del país, Barack Obama, y acabó con las esperanzas de los casi cinco millones de inmigrantes indocumentados que podrían haber frenado su deportación con esas políticas.
La negativa del Tribunal Supremo significa que Obama no podrá implementar su plan migratorio antes de dejar la Presidencia, el próximo 20 de enero, y que la política migratoria de EE.UU. queda ya en manos del próximo inquilino de la Casa Blanca, que saldrá elegido en las elecciones del próximo 8 de noviembre.
Además, el rechazo de este lunes del Tribunal Supremo convierte en definitiva la decisión de junio pasado, cuando se registró un empate entre los cuatro jueces progresistas y los cuatro jueces conservadores de la corte, por lo que prevaleció el bloqueo a las medidas migratorias decidido por una corte inferior.
La ausencia de un noveno magistrado, que podría haber sido clave para el desempate, obedece a la inesperada muerte en febrero del juez conservador Antonin Scalia y la negativa de la mayoría republicana del Senado para aprobar el nombramiento como nuevo juez de Merrick Garland, el magistrado propuesto por Obama.
Consciente de que la corte se encuentra fuertemente dividida por líneas ideológicas, el Departamento de Justicia de EE.UU. pidió en julio al Tribunal Supremo que reconsiderara el caso cuando la máxima instancia judicial del país estuviera completa, con nueve jueces y no compuesta por ocho magistrados, como ahora.
En su petición, el Departamento de Justicia consideró que un asunto tan importante tenía que ser resuelto por un Tribunal Supremo completo, que "debe ser el árbitro final de estos asuntos a través de una resolución definitiva", según resaltó en su solicitud.
No obstante, el Tribunal Supremo tumbó este lunes esa solicitud con solo dos palabras: "petición denegada".
De esta forma, en una breve notificación judicial, la corte rechazó esperar a estar compuesta por nueve jueces para volver a estudiar el caso, una condición que podría haber ayudado a descerrajar el bloqueo migratorio.
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En la práctica, la decisión del alto tribunal deja indefinidamente bloqueadas las medidas decretadas por Obama en 2014 y que se dirigían a jóvenes indocumentados y padres con hijos con residencia permanente o ciudadanía estadounidense.
En su breve notificación, los jueces no explican los motivos de la decisión sobre las acciones ejecutivas de Obama, que fueron bloqueadas en febrero de 2015, un día antes de su entrada en vigor, a petición de 26 estados liderados por Texas y en su mayoría con gobernadores republicanos.
Ni en junio ni ahora los jueces se pronunciaron sobre uno de los temas principales del caso: si Obama se excedió o no en su capacidad ejecutiva al promulgar por decreto las medidas migratorias, que tienen carácter temporal y permiten a los beneficiarios frenar su deportación, conseguir un permiso de trabajo y una licencia de conducir.
La Casa Blanca ha defendido en varias ocasiones que Obama tiene poder para proclamar los beneficios migratorios, similares a otros promulgados en el pasado por dos expresidentes republicanos, Ronald Reagan y George H.W. Bush.
No obstante, durante todo el proceso judicial, los estados demandantes defendieron que Obama fue demasiado lejos y que el Congreso es el único con capacidad para hacer reformas tan significativas en inmigración.
La decisión del Tribunal Supremo ha despertado hoy el enfado de varias organizaciones defensoras de los inmigrantes, como el Movimiento para una Reforma Migratoria Justa (FIRM).
"Estamos frustrados, enfadados y profundamente decepcionados con el rechazo de la corte a volver a oír el caso", dijo en un comunicado la portavoz de FIRM, Kica Matos, quien advirtió que los latinos recordarán quién estuvo a su lado y quién se posicionó contra ellos cuando introduzcan en las urnas sus "poderosos votos".
La candidata presidencial demócrata, Hillary Clinton, ha conseguido captar buena parte del voto hispano debido a su interés en mantener y expandir las medidas migratorias de Obama, así como su promesa para impulsar una reforma migratoria en sus primeros cien días de gestión.
Frente a ello, el candidato presidencial republicano, Donald Trump, ha prometido acabar con las medidas migratorias de Obama, deportar a los once millones de indocumentados que se calcula que viven en el país y construir un muro entre México y Estados Unidos.
Así las cosas, cinco millones de personas dependen directamente de las elecciones y de dos opciones tan radicalmente opuestas que pueden suponer el todo o la nada.
Con información de EFE
