Un juez federal en Miami ordenó al régimen de Nicolás Maduro pagar $73 millones en daños a la familia del concejal Fernando Albán, quien murió mientras estaba bajo custodia del Estado, en lo que describió como un “asesinato a sueldo”.
El Político
Fernando Albán fue arrestado en 2018 a su llegada al aeropuerto internacional de Caracas procedente de Nueva York, donde fue parte de una delegación que había denunciado al régimen de Maduro en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, reportó LaTimes.
Falleció tres días después en lo que las autoridades describieron en un principio como un suicido al arrojarse del 10mo piso de un edificio perteneciente a los servicios de inteligencia de Venezuela.
La muerte de Albán desató indignación internacional y repudio de Estados Unidos.
El año pasado, su viuda y sus dos hijos presentaron una demanda contra Maduro y varios altos miembros de su gobierno, acusándolos de secuestro, tortura y asesinato de quien fuera concejal de Caracas.
La familia acusó a los indiciados de pertenecer al “Cártel de los Soles”, un supuesto grupo dedicado al narcotráfico que incluye a altos funcionarios del gobierno de Venezuela y a guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que envía 200 toneladas de cocaína a Estados Unidos desde Venezuela cada año.
El juez Darrin P. Gayles emitió una sentencia en rebeldía en contra del cártel por no responder a la demanda en un fallo de la semana pasada que no había sido reportado previamente.
En dicho fallo, el tribunal declaró que lo que describió como la “organización delictiva de Maduro” es responsable de cargos federales de crimen organizado por la muerte de Albán debido a que su único fin es “ejercer un control autoritario ilícito sobre Venezuela” mediante el tráfico de narcóticos, actos de terrorismo y violaciones a los derechos humanos.
