La Segunda Sala Penal Nacional de Apelaciones de Perú determinó el pasado martes dejar a votación de sus miembros la decisión sobre las restricciones de viaje al expresidente Ollanta Humala, investigado junto a su esposa por el delito de lavado de activos en la financiación del Partido Nacionalista Peruano (PNP).
En una sesión que duró apenas una hora, tanto la fiscalía como los abogados de Humala esgrimieron sus argumentos a favor y en contra de la prohibición judicial que impide al exmandatario salir del país sin la autorización expresa de un juez, en el marco de la investigación.
Julio César Espinoza, abogado de Humala, pidió la revocación de la medida contra su defendido al aducir que no existe riesgo de fuga y que se trata de una medida violatoria de sus derechos.
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Mientras, el fiscal Rafael Vela, se expresó en contra de flexibilizar las medidas de conducta para Humala y requirió que las medidas de arraigo del ex mandatario deben ser "eficaces".
"Humala viene cumpliendo de manera estricta todas las exigencias del tribunal y eso es un hecho notorio. (…) Esta misma sala ya dijo que para proteger el proceso, lo único necesario sería que los investigados firmen el control mensual, y cuando eso suceda no hay riesgo posible", afirmó Espinoza a la prensa tras salir de la sala.
El abogado insistió en que la prohibición que pesa sobre Humala para viajar fuera del país se basa "en el fundamento arbitrario de que hay una evasión de la Justicia", una posibilidad que "no existe" y que eso es lo que debería valorar el tribunal.
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"No hay intención ni propósito de salir del país (para Humala), solo la necesidad de que en el proceso, los derechos fundamentales se reconozcan de forma proporcional y de forma correcta en un proceso donde se presupone la inocencia. Mi patrocinado vive en Perú y no tiene más intención que seguir viviendo aquí", añadió.
El pasado mes de enero el juez Richard Concepción Carhuancho aceptó un pedido de la fiscalía para prohibir a Humala "ausentarse de su lugar de residencia, cambiar de domicilio o salir del país", sin previa autorización judicial.
Eso supuso un cambio en las reglas que pesaban sobre Humala, que hasta esa fecha simplemente tenía que "avisar" de cualquier movimiento, pero no necesitaba el permiso expreso del juez para hacerlo.
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La decisión judicial fue paralela a otra que se dictó contra su esposa Nadine Heredia, que fue obligada a regresar al país desde Europa, adonde había acudido para asumir un cargo oficial en la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
Humala y Heredia son investigados por la presunta comisión del delito de lavado de activos en una supuesta financiación irregular del PNP, fundado y presidido por ella y su esposo, durante las campañas electorales de 2006 y 2011.
Entre las acusaciones que se les hacen está supuestamente haber recibido dinero del fallecido expresidente de Venezuela Hugo Chávez para la campaña electoral de Humala en 2006, y de las empresas brasileñas Odebrecht y OAS para la campaña de 2011.
Con información de EFE
