Dos casos de corrupción del régimen chavista en Venezuela recibieron sentencias leves por parte de tribunales de los Estados Unidos.
El Político
El primero concluyó con cuatro años de cárcel para un empresario de Miami, que dio servicio a los aviones de combate del país sudamericano.
Mientras que una sentencia menor, de cinco años de libertad condicional, recibió otro individuo por pagar sobornos a altos funcionarios del chavismo.
Reporta AP NEWS que Jorge Nóbrega se disculpó profusamente ante una corte federal por su decisión de proporcionar servicios a la fuerza aérea venezolana en violación a las sanciones que impuso Estados Unidos en enero de 2019 para obligar a Maduro a dejar el poder.
“A veces me encuentro paralizado por la manera en que se ha desplomado mi vida durante como resultado de mi terrible decisión”, dijo un claramente perturbado Nóbrega la audiencia de sentencia. “Estoy avergonzado de mí. En lugar de darle alegría y felicidad a mi familia, les causa dolor, sufrimiento, vergüenza y humillación”.
Las muestras de remordimiento parecieron persuadir al juez Paul Huck, quien le dictó una sentencia de 48 meses de prisión, menos de los 57 que pedía el fiscal federal adjunto Kurt Lunkenheimer.
Venezuela le debió dinero a Achabal Technologies, la compañía de Nóbrega registrada en Florida, por el trabajo que realizó antes de que Washington le impusiera sanciones al gobierno del país sudamericano.
Pero en lugar de solicitar una licencia del Departamento del Tesoro para cobrar el adeudo, tal como se requiere, Nóbrega —quien cuenta con la doble nacionalidad venezolana y estadounidense— comprometido un programa de pagos que le obligaba a brindar nuevos servicios a la flota de cazas Sukhoi de fabricación rusa.
Otro caso
En el otro caso, el empresario venezolano Carlos Urbano Fermín fue sentenciado a cinco años de libertad condicional por pagar sobornos a altos funcionarios de la nación sudamericana.
Al declararse culpable el año pasado, Fermín admitió haber pagado aproximadamente un millón de dólares en sobornos a una “fiscal de alto rango” en Venezuela como “seguro” contra cualquier pesquisa sobre los extensos tratos de su empresa constructora con PDVSA.
La fiscal venezolana —que no fue identificada en los documentos de la corte— es la exfiscal general Luisa Ortega, informó The Associated Press el año pasado.
“Nunca imaginé que estaría en esta situación”, dijo Fermín durante la sentencia, que se vio obligado a tomar una decisión imposible entre pagar los sobornos o correr el riesgo de que su negocio de 1.500 empleados destruido o embargado.
Le agradeció también al gobierno de Estados Unidos por darle un refugio que le ha permitido evitar caer en el mismo destino de su hermano, quien ha estado encarcelado en Venezuela desde 2017 por lo que él considera son cargos fabricados.
Fuente: AP NEWS
