La administración de Donald Trump ha puesto bajo revisión los fondos federales otorgados a la Universidad de Harvard, como parte de una estrategia más amplia para combatir el antisemitismo en los campus universitarios de Estados Unidos. La investigación abarca aproximadamente 9.000 millones de dólares en subvenciones y contratos distribuidos entre Harvard y sus entidades afiliadas, incluidos hospitales en Boston.
El Departamento de Educación examina específicamente 255,6 millones de dólares en contratos activos y 8.700 millones en subvenciones acumuladas a lo largo de varios años. Esta medida llega tras un aumento de protestas propalestinas en 2024, que generaron denuncias de discriminación contra estudiantes judíos en varias universidades del país.
Harvard no es la única institución bajo escrutinio. Columbia University perdió recientemente 400 millones de dólares en fondos federales tras no cumplir con las exigencias del gobierno para combatir el antisemitismo, lo que derivó en la renuncia de su presidenta interina. Ahora, Harvard enfrenta una presión similar y podría sufrir consecuencias si no toma medidas contundentes.
“Esta administración ha demostrado que actuará con rapidez para responsabilizar a las instituciones que permiten que el antisemitismo prospere”, declaró Josh Gruenbaum, miembro del grupo de trabajo contra el antisemitismo del gobierno federal.
El presidente interino de Harvard, Alan Garber, expresó su preocupación en una carta dirigida a la comunidad universitaria:
“Si el gobierno federal retira su financiación, se detendrán investigaciones que salvan vidas”.
También reafirmó el compromiso de la universidad con la lucha contra el antisemitismo, calificándolo como “una de las formas más insidiosas de intolerancia”.
Mientras tanto, otras universidades observan con inquietud estas acciones del gobierno federal. Algunas han comenzado a congelar contrataciones y revocar ofertas para estudiantes de posgrado ante la posibilidad de enfrentar sanciones similares.
La medida también ha reavivado el debate sobre los límites entre garantizar derechos civiles y preservar la libertad académica, especialmente en un contexto donde las universidades dependen ampliamente de fondos federales para investigación y becas estudiantiles.
