La fiscalización de conductores de Uber se ha intensificado en los últimos días por parte de los inspectores de tránsito de la Intendencia de Montevideo y de los taxistas de la capital, que intentan frenar el uso de esta aplicación que pone en contacto a pasajeros con chóferes privados.
Esta semana, dos chóferes de Uber denunciaron a un taxista que los amenazó con arma de fuego luego de perseguir a uno de ellos cuando constató que era un empleado de la compañía estadounidense.
El taxista fue procesado sin prisión por la Justicia uruguaya, que le impuso arresto domiciliario nocturno durante 60 días por las amenazas realizadas al conductor del auto y a un acompañante, que también formaba parte de Uber y que acudió a su auxilio, relató la prensa local.
Por otra parte, varios conductores que trabajan con la aplicación, así como sus pasajeros, han denunciado persecuciones, interrogatorios y tratos abusivos en Montevideo por parte de los funcionarios municipales.
Según informaron varios medios locales, los inspectores de tránsito someten a un interrogatorio a aquellos ocupantes de vehículos que les resultan sospechosos.
Asimismo, varios pasajeros contaron lo vivido al matutino El País, donde narraron que, en algunos casos, los funcionarios municipales solicitan que los ocupantes desciendan del auto para interrogarlos de forma separada y contrastar sus declaraciones.
Según uno de los testimonios, los vehículos son detenidos sin haber cometido ninguna infracción.
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La noticia sobre estos procedimientos provocó que varios abogados fueran consultados acerca de la legalidad de las actuaciones de los funcionarios municipales.
En este sentido, el letrado penalista Juan Fagúndez afirmo a Efe que "el pasajero no es sujeto de la inspección salvo que vaya cometiendo conductas que pongan en peligro el tránsito".
"Al conductor se lo puede interrogar, como a cualquier otro, por alguna infracción y si lo que se va a fiscalizar es si el chófer de Uber tiene o no libreta profesional para hacer un transporte oneroso de pasajeros", explicó Fagúndez.
Sin embargo, el abogado penalista indicó que los inspectores no cuentan con la potestad para detener a una persona y hacerla bajar de un auto.
Por su parte, las autoridades de la Intendencia de Montevideo defienden el accionar de sus funcionarios y resaltan la "legalidad" de los procedimientos.
En este sentido, el intendente Daniel Martínez afirmó a la prensa que los operativos "están en el marco del Derecho" y que se encuentran respaldados por la "asesoría legal" de la comuna capitalina.
En esta misma línea, el director del área Jurídica de la Intendencia, Ernesto Beltrame, señaló en rueda de prensa que se trata de procedimientos "legítimos".
"Nosotros lo estudiamos, no vulnera ningún derecho, la administración pública tiene determinados cometidos y para cumplir esos cometidos tiene facultades, siempre y cuando esas facultades no vulneren ningún derecho protegido constitucionalmente. Y aquí no hay ningún derecho vulnerado", explicó.
Asimismo, Martínez afirmó que los operativos "están en el marco del Derecho" y que se encuentran respaldados por la "asesoría legal" de la comuna de la capital.
En este sentido, el funcionario de Montevideo señaló que los chóferes de Uber "compiten en absoluta deslealtad, ni siquiera se dignan a sentarse a negociar" y, las veces que lo hicieron, "se rieron en la cara del pueblo uruguayo".
Estos dichos del intendente provocaron que la empresa internacional emitiera un comunicado en el que afirmaba que "lejos" de reirse de los uruguayos como "acusa" el intendente, Uber "respeta y confía en la libertad de los ciudadanos de elegir y defender sus derechos".
"En reiteradas oportunidades hemos solicitado ser recibidos para realizar nuestros aportes a una futura regulación. Por el contrario, la respuesta del intendente fue ordenar más fiscalizaciones con modalidades que desde el propio Poder Judicial se han cuestionado", expresa el comunicado.
La aplicación digital de transporte, que actualmente opera en más de 500 ciudades alrededor del mundo, también se enfrentó a dificultades en otros países.
Francia, España, Italia, México, Chile y Brasil, son algunos de los lugares en los que las reacciones de los taxistas contra los chóferes de la aplicación fueron más fuertes, con huelgas masivas, quema de autos, manifestaciones multitudinarias e incluso agresiones físicas. EFE
