Un análisis del centro de estudios "Acción Educar"reveló que 29 de las 30 universidades que ingresaron al sistema de gratuidad dejaron de recibir en total unos 30 mil millones de pesos. Según informa este domingo El Mercurio, el estudio revela que la única que entidad de educación superior que no integraría la lista es la U.
del Bío-Bío. Raúl Figueroa, director ejecutivo de Acción Educar, explica que estos $30 mil millones son la diferencia "entre lo que las universidades habrían recibido por lo que realmente cobran a sus alumnos, y lo que efectivamente recibieron por haber adherido a la gratuidad". No obstante, pudieron haber tenido ingresos por otro lado, pues, por ejemplo, dejaron de entregar ciertas becas. Según "Acción Educar", la universidad que presenta el mayor déficit contable es la U.
Diego Portales (UDP), con más de $4.900 millones, y le sigue la U. Autónoma, con más de $4.500 millones. Ambas universidades fueron consultadas por esta brecha: la UDP indicó que está realizando un análisis profundo sobre este tema y, por lo mismo, no se referirá aún al respecto. Mientras que la U. Autónoma declinó dar comentarios. La tercera universidad más afectada es la U. Finis Terrae, que habría dejado de recibir cerca de $2.200 millones.
El rector, Cristián Nazer, sostiene que "según nuestros cálculos, lo que hemos dejado de recibir es un poco más, acercándose a los $3 mil millones. Y agrega que "el costo de la gratuidad lo hemos absorbido postergando proyectos de desarrollo de infraestructura e investigación. En otras palabras, contamos con un menor capital de desarrollo para invertir en las líneas estratégicas de la universidad, las que nos permitirían seguir creciendo en calidad y complejidad de la institución".
Con todo, dice: "Estamos realizando las proyecciones financieras para 2017 y creemos poder mantenernos un año más en la gratuidad. Sin embargo, con la actual dinámica de fijación de la política de gratuidad, a través de una glosa presupuestaria, la incertidumbre del financiamiento en los años posteriores es un gran fantasma que dificulta llevar adelante los planes de desarrollo académico y el financiamiento para el desarrollo de una nueva infraestructura".
Otra institución que aparece con una amplia brecha es la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC) con cerca de $2 mil millones. No obstante, la vicerrectora económica de ese plantel, Loreto Massanés, afirma que "el déficit de la PUC debido a gratuidad para el año 2016 será, aproximadamente, de $1.700 millones". Motivos de la disminución Para Figueroa, las brechas que tuvieron los planteles se deben a dos motivos. El primero -señala- es porque el arancel que pagó el Mineduc "es muy inferior al arancel real de cada carrera". Eso explicaría los casos de la UDP y de la U. Finis Terrae.
La otra razón es porque aunque el déficit por alumno "no sea tan alto", el número de matriculados que tienen el beneficio "es muy alto". Eso es lo que habría pasado, por ejemplo, en la U. Autónoma y en la U. de Chile. Ante este escenario, y considerando que actualmente se está votando el presupuesto para la gratuidad 2017, Figueroa indica que se debería cambiar la lógica que está tras el financiamiento de la misma.
A juicio del experto, "se debería acotar o eliminar la fijación (de precios), para apuntar hacia el financiamiento de los aranceles reales, o bien reconocer estos déficits y buscar otros elementos para compensarlas", como podrían ser aportes basales. El rector de la U. Finis Terrae también apunta a un cambio en los aranceles regulados.
"Es imperativo que se acerquen más a los aranceles reales para garantizar el desarrollo futuro de la universidad. Pedir mayor calidad, pero recortando recursos, es una fórmula que no funciona en ninguna parte del mundo", dice. Nazer agrega que para determinar un arancel regulado "se deberían considerar todas las tareas que realiza una universidad, tales como la investigación y vinculación con el medio. Asimismo, habría que tomar en cuenta los planes de desarrollo de las mismas".
En tanto, la vicerrectora de la U. Católica de Chile postula que los aranceles regulados "son un tema sensible e importante dentro de la reforma a la educación superior y, a nuestro juicio, debería ser abordado dentro del contexto del proyecto".
Con información de El Mercurio
