El ex presidente Álvaro Uribe Vélez aspira al regreso y por eso aprovecha los espacios que le dan su recién recuperada libertad mientras sigue el juicio en su contra por presunta manipulación de testigos. Ahora presenta un borrador de su referendo en el cual insiste en derogar o “reformar” la cuestionada justicia de paz.
Mientras esto ocurre, sus opositores llenaron de nuevo las calles de Bogotá en movilizaciones que pretenden deteriorar el gobierno del Presidente Iván Duque. Ondeando banderas blancas, cerca de 2.000 excombatientes de las FARC llegaron a Bogotá Recorrieron el país desde diferentes regiones con el fin de pedirle al presidente mayores garantías de seguridad. En su camino también pidieron perdón. Algunas organizaciones de víctimas del conflicto los estaban esperando.
“Lo que hicimos las víctimas del conflicto es venir a recibir a los excombatientes que están exigiendo que los dejen de matar”, indicó Paola Carvajal, coordinadora del colectivo social Memorias Colombia.
Las secuelas del intento de lograr un paz duradera en Colombia todavía se sienten. Por un lado las FARC no han logrado el empuje político que esperaban, pero los sectores de izquierda avanzan en sus ataques al gobierno derechista de Duque mediante un sistemático plan de presión popular que incluye indígenas, jóvenes estudiantes y ex guerrilleros azotados por la violencia y la pobreza.
El proyecto Uribe
En el documento de 13 puntos, presentado por el propio exmandatario, se asegura que las funciones de la justicia transicional se trasladarían a la jurisdicción ordinaria y que los integrantes de la Fuerza Pública tendrían beneficios como una “sala especial” y poder solicitar libertad condicional.
Pasados casi 20 días desde que una jueza de garantías le otorgó la libertad –en medio del proceso judicial que enfrenta por presunto soborno y fraude procesal–, este domingo reapareció el expresidente Álvaro Uribe Vélez. El también exsenador presentó públicamente su propuesta de “referendo popular”, en la que, entre otras, insiste en reducir el Congreso, excluir del Parlamento a responsables de delitos de lesa humanidad y derogar, e incluso “reformar de fondo”, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), ideada para administrar justicia transicional y conocer delitos cometidos en el marco del conflicto armado.
En el documento, en el que hace la salvedad que es para discusión con compañeros del Centro Democrático, otros partidos y movimientos sociales, Uribe dice que su referendo constitucional sería “de iniciativa popular”. Frente a la JEP, se dice que sus funciones se trasladarían a la jurisdicción ordinaria, “pero se mantienen los beneficios judiciales” y se reducirían los periodos de los actuales magistrados.
A esto se suman “garantías judiciales” para los integrantes de la Fuerza Pública, quienes contarían con una sala especial, “con magistrados imparciales que conozcan sus protocolos, estructura de mando y reglas operacionales”. Por si fuera poco, se propone que los uniformados que hayan cometido delitos antes del 1 de diciembre de 2016, cuando hayan cumplido cinco años de condena efectiva, podrán solicitar la libertad condicional. No obstante, se exceptúan delitos de acceso carnal violento, abuso sexual, secuestro, terrorismo o delitos contra el Estado.
Delitos de lesa humanidad
Frente a la exclusión del Congreso de responsables de delitos de lesa humanidad, se advierte que quienes hayan incurrido en dichas faltas tampoco podrían ocupar cargos en corporación alguna de elección popular, ni podrán ser elegidos para cargos unipersonales. “De efecto general e inmediato, principio de favorabilidad en materia penal pero no en esta participación política”, reza la iniciativa.
La creación de una comisión especial legislativa integrada por 30 miembros, elegidos por el Senado por cociente electoral, ciudadanos colombianos, con el mismo régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los congresistas, que tendrían la tarea de implementar el referendo y proponer al Congreso las medidas. Incluso, el punto va con advertencia: “Si estas no fueren adoptadas dentro de los seis meses siguientes, el presidente podrá expedirlas mediante decretos con fuerza de ley”.
Sumado a la creación de un tribunal de aforados “para crear independencia en el juzgamiento de los congresistas y de los magistrados”, se propone que el homicidio en líderes sociales, “de acuerdo con la ley”, tendrá la sanción de homicidio agravado, sin subrogados penales ni penas alternativas menos severas.
Otro de los puntos establece que el Gobierno podrá ordenar el decomiso de sustancias ilegales, así su porte y consumo no estén sancionados penalmente. “El consumo de sustancias ilegales no se sancionará penalmente. Las políticas de salud pública como prevención, rehabilitación y decomiso serán las únicas aplicables a los consumidores”, precisa.
En materia económica, se plantea austeridad en el funcionamiento del Estado para invertir mayores recursos en inversión social, por lo que se reduciría el Congreso en un 30 %, su remuneración se congelaría en la cuantía nominal durante seis años y los egresos estatales en nómina, directa o indirecta, y funcionamiento, en los diferentes niveles del Estado, se congelarán en términos reales durante seis años.
Asimismo, se propone que el Estado apoye con un recurso económico a las personas de mayor vulnerabilidad. “Se focalizará de tal modo que ninguna persona esté por debajo de la línea de pobreza monetaria. La ley definirá la medición de pobreza y la gradualidad para erradicarla. El Estado entregará un bono pensional a los recién nacidos de hogares vulnerables. Solamente uno por familia. El monto se definirá de acuerdo con las posibilidades fiscales y podrá redimirse para emprendimientos del titular”, señala el documento.
En el plano educativo el referendo apunta a la gratuidad educativa según el nivel de ingresos, “con posibilidad de elegir institución pública, privada o mixta, sin monopolio ni adoctrinamiento”. Se establece entonces que el Estado garantizará la gratuidad en la educación con focalización socioeconómica y podrá hacerlo a través de instituciones oficiales, privadas, mixtas o solidarias.
En este punto, la declaración del uribismo va más allá y asegura que “hoy existe un monopolio oficial, a través de Fecode, que ha sustituido la ciencia y la libertad de enseñanza por el adoctrinamiento político”.
El último punto está relacionado con la protección remunerada de ecosistemas estratégicos como la Amazonía, la Orinoquía y el Litoral Pacífico, así como la selva primaria, el bosque secundario, los páramos, los ríos, los espejos y fuentes de agua, los parques nacionales en el territorio o en el mar, los manglares y aquellos que sean definidos por el Gobierno, de acuerdo con criterios técnicos.
“El cuidado y la remuneración se hará preferiblemente a través de quienes hayan tenido asentamiento en esos territorios, como moradores ancestrales e integrantes de comunidades locales”, puntualiza el proyecto.
Peregrinación por la vida y por la paz
Mientras Uribe se enfoca en el aspeccto jurídico que con seguridad ha profundizado en los días de reclusión, los guerrilleros incorporados a la vida ciudada exigen "que se nos cumpla la palabra de garantizarnos la vida y el derecho a una reincorporación socioeconómica y política con plenas garantías”, indicó el senador por las FARC Julián Gallo.
Fiscalía acusó formalmente a Diego Cadena de soborno y fraude procesal
El jueves, en una audiencia virtual, un fiscal adscrito al CTI acusó formalmente a los abogados Diego Cadena y Juan José Salazar por su presunta participación en la manipulación de testigos en un proceso que se seguía en la Corte Suprema de Justicia
Según indicó la Fiscalía, deberán responder en juicio por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.
La acusación contó con material probatorio como soportes de giros, consignaciones y varios testimonios, incluidos los de dos personas condenadas por paramilitarismo.
En su testimonio, Carlos Enrique Vélez, alias Víctor, indicó que en julio de 2017 el abogado Diego Cadena lo visitó en la cárcel de Palmira “y le habría ofrecido 200 millones de pesos y asesoría jurídica para cambiar la versión que entregó contra un aforado político”.
Faltan dos años para las elecciones, pero sin duda, en Colombia el piso político se está moviendo.
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