El uribismo, que reúne a un importante sector de la sociedad colombiana, lidera la opción del "no" en el plebiscito de la paz con el argumento de que el acuerdo con las FARC permite la impunidad y se puede renegociar.
El expresidente Álvaro Uribe y su nuevo compañero de batalla, el exprocurador Alejandro Ordóñez, son las figuras visibles de la oposición al acuerdo firmado el pasado 26 de septiembre por el presidente, Juan Manuel Santos, y el número uno de las FARC, Rodrigo Londoño, alias "Timochenko", sobre el cual los colombianos se pronunciarán este domingo.
Uribe, cuya popularidad en algunas encuestas supera la de Santos, es uno de los más acérrimos críticos del acuerdo alcanzado con las FARC en La Habana por considerarlo un "mal ejemplo" para los colombianos.
"Le dicen a los colombianos que asesinar o secuestrar policías no tiene castigo", insistió Uribe, líder del partido de derechas Centro Democrático, y esgrimió como argumentos que el mayor problema del proceso de paz está en la "impunidad disfrazada" que se otorga a las FARC y en que se les conceda la posibilidad de "elegibilidad política".
En la batalla por el "no", Uribe, que gobernó el país entre 2002 y 2010, encontró un aliado de peso en Ordóñez, representante de los sectores más conservadores de la sociedad colombiana y enemigo declarado de las FARC y del acuerdo firmado.
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"El acuerdo Santos-Timochenko no equivale a la paz (…) es el acuerdo de dos élites, la élite oligárquica y autoritaria que representa Juan Manuel Santos y la élite criminal de las FARC, la hicieron de espaldas al país y ahora requieren del pueblo para legitimarla", manifestó Ordóñez en un acto de campaña en Cartagena.
Pero el "no" ha logrado también el apoyo de personalidades que no son necesariamente uribistas, como el jurista y exalcalde bogotano Jaime Castro y el catedrático Pedro Medellín, quienes forman parte de la campaña "Mejor No", o el expresidente de la Corte Constitucional José Gregorio Hernández.
Castro manifestó sus reparos a los cambios que traería el acuerdo en aspectos como la "organización judicial, el modelo social y el ordenamiento político institucional del país" por la creación de una Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
En su opinión, las cortes, tribunales, juzgados y órganos de control como la Fiscalía, la Procuraduría (Ministerio Público) y la Contraloría (tribunal del cuentas) "pierden parte importante de sus atribuciones penales, disciplinarias y fiscales, y sus decisiones de cualquier época podrán ser revisadas y anuladas" por la JEP, "cuyos fallos solo serán apelables ante la Corte Celestial", adujo.
En la misma línea se situó el abogado constitucionalista e internacionalista Rafael Nieto, para quien el acuerdo termina "premiando" a las FARC "sobre el único mérito de haber matado" durante 52 años.
"Los beneficios que tendrán los señores de las FARC en materia de justicia los quisiera cualquier delincuente común y menor en el país", dijo Nieto a Efe, y criticó que los guerrilleros, cuando dejen de serlo puedan hacer política, por lo cual consideró que "el mensaje ético que envía el acuerdo es reproductor de la violencia".
También observó que el punto del acuerdo de paz referente a los cultivos ilícitos "tendrá unas consecuencias desastrosas" y puso en duda la efectividad de los "mecanismos de sustitución manual y voluntaria" de las plantaciones de coca.
"El costo institucional de los acuerdos es enorme, el Gobierno manoseó la Constitución (…) le quebró el espinazo a la rama judicial con el tribunal especial de paz", continuó.
Nieto desvirtuó la tesis de que los acuerdos hayan puesto fin a una guerra, ya que en el país lo que hubo fue "25.000 violentos de extrema derecha y extrema izquierda azotando a 44 millones de colombianos honestos y pacíficos", prosiguió.
La posibilidad de un triunfo del "no", poco probable a juzgar por las encuestas, abriría, según los defensores de esta opción, una vía para la "renegociación" del acuerdo con una guerrilla que, para Nieto, se ha "ablandado" tras cuatro años de negociación.
"Una cosa es estar encerrado en el monte, escondiéndose de los bombardeos y otra muy distinta es estar bebiendo ron y bailando son en Cuba", sostuvo.
Las fuerzas del "no" ganaron esta semana el apoyo del futbolista Daniel Torres, que juega en el club español Alavés, quien mostró su oposición al acuerdo de paz con el curioso argumento de que "el centro de la negociación y del Gobierno no es Jesucristo".
Con información de EFE
