La Institución Nacional de Derechos Humanos de Uruguay (INDDHH) emitió el martes un comunicado en la que aboga por una aprobación judicial previa en la disuasión de piquetes por parte del Ministerio del Interior, en relación al nuevo decreto gubernamental de preservación del uso público de las calles.
Redacción El Político
Foto cortesía El Observador
Según explicó la INDDHH, la potestad del Poder Ejecutivo de adoptar medidas para preservar el orden debe ejercerse "en forma armónica con la totalidad del ordenamiento jurídico vigente en el país" y con las obligaciones del Estado en cuanto al "respeto, protección, garantía y promoción de los derechos humanos", señala EFE.
Así, consideró "pertinente" el control judicial previo a "cualquier límite al derecho de reunión pacífica".
El nuevo decreto gubernamental, emitido el pasado 22 de marzo, establece que el Ministerio de Interior disponga de las medidas pertinentes para preservar el uso público de las calles cuyo tránsito se pretenda obstaculizar y que no deberá pedir autorización judicial para efectuarlo.
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En este sentido, la institución consideró que las manifestaciones públicas pacíficas "son una de las formas del ejercicio de la libertad de expresión y la libertad de reunión" y aunque su ejercicio admite "regulaciones necesarias" para una sociedad democrática "debe estar expresamente establecidas por normas de jerarquía legal".
"Las regulación por parte del Estado del ejercicio de las libertades de expresión y de reunión debe ser razonable y apropiado al fin buscado, que no debe ser otro que asegurar que las manifestaciones sean pacíficas y que se brinde protección a los derechos de todas las personas", destacó la declaración.
Con respecto a ello, la INDDHH recomendó "adecuar el marco jurídico vigente en el país" a las normas de los derechos humanos "sobre la base de los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad".
